El País publica este artículo donde expone cómo Meliá e Iberostar han abandonado la gestión de varios hoteles en Cuba para evitar posibles sanciones de EE. UU., y cómo esta decisión abre la puerta a demandas del Gobierno cubano por ruptura unilateral de contratos. El conflicto se traslada así al plano jurídico, en el marco de acuerdos de joint venture con entidades estatales, donde Cuba podría cuestionar la validez de la salida.
Ignacio Aparicio, Executive Partner de Andersen y responsable del Cuban Desk, afirma que «hay dos planos para litigar. “El primero es el acuerdo de socios. Los hoteles en Cuba, con carácter general, se gestionan a través de joint ventures en las que participan el Gobierno cubano, a través de diversas entidades, y el operador. Ante la salida unilateral de este último, Cuba podría argumentar que no encuentra base legal o contractual para rescindir el contrato y solicitará resolver la controversia ante terceros, siendo un mecanismo habitual el de acudir a arbitraje ante la Cámara de Comercio de Cuba o instituciones arbitrales en el extranjero, un mecanismo este último por el que opta pocas veces», recalca».
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