El pasado 9 de noviembre, el BOE publicó la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Los objetivos de dicha Ley pasan por lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio. Ante este nuevo marco, hablamos con la firma Andersen Tax & Legal

Según Andersen Tax & Legal, ¿cuáles son las verdaderas pretensiones de la nueva norma?

El nuevo texto legal introduce una mayor transparencia y eficiencia en la contratación pública de nuestro país (que,  como  es  sabido,  representa aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto), mejorando la relación calidad - precio de las prestaciones demandadas por el sector público, rediseñando así  los criterios de adjudicación e incluyendo entre los mismos aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato y regulando  con  mayor  rigor  las  ofertas anormalmente bajas o reducidas.

Asimismo, la  LCSP  refuerza  los principios rectores que han de presidir dicha disciplina jurídica tales como la publicidad, la igualdad, la no discriminación y la libre concurrencia, simplificando, a su vez, los trámites y cargas administrativas y facilitando el acceso a las pymes.

¿Cuáles son los principales cambios que supone la Ley 9/2017?

A grandes rasgos, se amplía el ámbito subjetivo de aplicación de la norma a los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, así como a las fundaciones y asociaciones vinculadas  a  ellas,  siempre  que  se cumplan determinados requisitos, se crean nuevos tipos contractuales como el de concesión de servicios y se suprimen otros como el contrato de colaboración público-privada y el contrato de gestión de servicios públicos, se minoran los importes del contrato menor, se amplía y mejora la regulación de los contratos mixtos, se incrementa el ámbito del recurso especial en  materia  de  contratación,  se  aumenta el número de prohibiciones de contratar, se establece de forma exhaustiva la información que debe de contener el perfil del contratante, se implementan medidas para combatir el fraude y la corrupción, se impulsa el uso de la contratación electrónica, entre otras.

¿Qué va a suponer para las pymes que quieran concurrir como licitadores?

La nueva ley recoge una serie de novedades para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la contratación, lo que generará una competencia más intensa por la obtención de contratos públicos que permitirá a las pymes desarrollar su potencial de crecimiento e innovación, con el consiguiente efecto positivo sobre la economía.

Entre dichas novedades podemos destacar a modo de ejemplo, la división de los contratos en lotes como regla general, así como la flexibilización de los requisitos de solvencia, sin que sea posible solicitar experiencia a las empresas de nueva creación.

Ahora solo cabe esperar que con el nuevo panorama legislativo, se consiga la finalidad pretendida por la norma, alcanzando con ello una contratación pública más justa, más eficaz, más transparente, de mayor calidad, más moderna y, en definitiva, mejor para todos.

Para más información, puede contactar con:

José Vicente Morote Sarrión

jvicente.morote@AndersenTaxLegal.es

Antonio Benítez Ostos

antonio.benitez@AndersenTaxLegal.es

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