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La nueva movilidad sostenible y cómo puede afectar a las empresas

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Raquel de la Viña, Directora en el departamento de Laboral, y Diego Luis Luque, Asociado sénior en el área de Público y Regulatorio, analizan, en el último número de la revista Renting Automoción de AutoReport, los puntos claves del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible

El pasado 13 de febrero de 2024, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que, posteriormente, fue remitido a las Cortes Generales para su tramitación por la vía de urgencia, con el objetivo de que sea aprobado en el presente año 2024.

Sin embargo, este proyecto normativo no es, en realidad, una novedad reciente, puesto que el mismo ya fue objeto de validación en el mes de diciembre del ejercicio 2022, pero no pudo continuar su tramitación con motivo de la disolución del Congreso y del Senado como consecuencia de la convocatoria de las elecciones generales celebradas el pasado verano.

Como se puede apreciar con un breve estudio de las normas más relevantes que han sido objeto de aprobación en los últimos años, el medio ambiente constituye uno de los pilares regulatorios de mayor trascendencia reciente, no solo en sí mismo, con la aprobación de leyes de tanto calado para los particulares y las empresas como la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular; sino también en lo tocante a otras áreas afectadas por él, como es la de la movilidad, del que resultan claro ejemplo las ya archiconocidas zonas de bajas emisiones; o, vinculado con ello, pero, más concretamente, por lo que ahora nos ocupa, la actividad de los centros de trabajo.

No conviene dejar a un lado que la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética ya encaminó la movilidad hacia un sendero de reducción de las emisiones directas, siempre con el objetivo preferente de proteger y mejorar la calidad del aire, una de las grandes preocupaciones existentes en materia de medio ambiente a nivel internacional, cuyo reflejo más destacable se encuentra en el Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático, centrado en el objetivo de limitar el calentamiento mundial en una cifra inferior a los 2 grados centígrados y, si es posible, por debajo de los 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales.

Entre otras medidas, para alcanzar los objetivos propuestos, esta ley estableció una serie de obligaciones para determinados municipios, de las cuales destacan las mencionadas zonas de bajas emisiones, que debían instaurarse antes del año 2023, pero que, como sabemos, aún se encuentran en fase embrionaria en muchas de las localidades a las que aquella norma obligaba a su establecimiento y se espera que, efectivamente, el presente ejercicio 2024 sea el que, de forma definitiva, permita considerar que mayoritariamente se ha cumplido con la exigencia legal.

Sin embargo, esas medidas no son las únicas que afectaban a los municipios, porque en el mismo precepto de la ley de referencia se incluyeron dos obligaciones adicionales con cierta vinculación con el proyecto de ley que centra este artículo: de un lado, las medidas para facilitar el transporte activo, ya sea a pie, en bicicleta o en otros medios similares, así como corredores verdes intraurbanos que conecten los espacios verdes con las grandes áreas verdes periurbanas; y, de otro, medidas destinadas a fomentar la movilidad al trabajo sostenibles.

Como se ha indicado, se trata de medidas que representan una exigencia para determinados municipios, pero que entroncan con lo que ahora se recoge en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, no precisamente por casualidad, sino porque la aludida Ley de Cambio Climático ya estableció que: “Con objeto de reforzar y complementar el cumplimiento de las medidas de promoción de la movilidad sin emisiones establecidas en esta ley, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un proyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte”.

En definitiva, la Ley de Cambio Climático ha supuesto una verdadera punta de lanza en lo que a movilidad se refiere, no sólo por las obligaciones que dimanan de ella, sino por ser el catalizador de ese proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que representa una vuelta de tuerca más en este ámbito, en la medida en que esta futura ley dispone una batería de medidas vinculadas a la movilidad sostenible, planteadas desde una perspectiva amplia y con un enfoque global, ya que afectan tanto a las Administraciones Públicas como a los administrados.

Entre tales medidas, por su trascendencia en el ámbito de la empresa, se destacan los planes de movilidad al trabajo, que entrañan una nueva obligación para cierta parte del tejido productivo nacional, que se suma a otros planes de reciente creación que también han afectado a la gestión ordinaria de las empresas.

Los planes de movilidad sostenible al trabajo como vector de reducción de las emisiones de CO2

Como se ha avanzado, la movilidad sostenible es un pilar fundamental en la construcción de un futuro más verde y responsable, por lo que, en el contexto actual, marcado por la urgencia de combatir el cambio climático, las empresas desempeñan un papel crucial adoptando prácticas que reduzcan su huella de carbono y promuevan un entorno laboral saludable. Compañías líderes como Google, Microsoft e Iberdrola han demostrado que es posible integrar planes de movilidad sostenible que no solo benefician al medio ambiente, sino que también mejoran la productividad y la imagen corporativa.

Ante esa problemática, a nivel empresarial y desde la perspectiva laboral la novedad legislativa más importante que se introducirá por la futura Ley de Movilidad Sostenible es la obligación de elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo, que deberán ser negociados con la representación legal de las personas trabajadoras.

Estos planes pueden resultar en una significativa disminución de emisiones de CO2, contribuyendo así a los esfuerzos globales para mitigar los efectos del calentamiento global. Por ejemplo, la implementación de políticas de movilidad sostenible puede reducir las emisiones de una empresa en miles de toneladas anuales, dependiendo del tamaño y alcance de sus operaciones.

No podemos olvidarnos, desde un punto de vista operativo y productivo, que los beneficios de la movilidad sostenible se extienden más allá de la protección ambiental. Para las empresas, la reducción de costes operativos es notable, especialmente en lo que respecta a gastos de transporte y mantenimiento. Además, la mejora en la productividad se ve reflejada en empleados más satisfechos y comprometidos, gracias a la disminución del estrés asociado a los desplazamientos y a la promoción de un estilo de vida más saludable. La imagen positiva que una empresa proyecta al comprometerse con la sostenibilidad es invaluable, atrayendo a clientes y talentos que valoran la responsabilidad social corporativa.

¿Qué empresas estarán obligadas y a partir de cuándo? Aquellas que tengan una plantilla de 500 o más personas por centro de trabajo, o de 250 personas por turno. Cuidado con este punto concreto, porque es esencial. La entrada en vigor será a los 24 meses desde su aprobación, por lo que aún están todas las empresas a tiempo de realizar planificaciones y desarrollar estrategias en línea con sus políticas de responsabilidad social empresarial, que tengan en cuenta la movilidad sostenible en relación a sus trabajadores.

¿Qué serán y en qué consistirán? Serán planes que contengan medidas que permitan reducir el impacto medioambiental de los traslados hacia y desde el centro de trabajo, movilidad activa (andar o ir en bici), el impulso del uso del transporte público o compartido, de vehículos eléctricos, o el teletrabajo. Otro punto de regulación será la seguridad y la prevención de accidentes en los desplazamientos in itinere. ¡Atención! Y no solo para el personal propio, sino también para terceros que accedan o presten servicios en el centro de trabajo.

Ya hay bastantes empresas de este tipo que gestionan la movilidad de sus trabajadores con líneas de autobuses y con teletrabajo, algunas por impulso propio y otras con un acuerdo con la representación de los trabajadores, aunque el plan será más que una simple línea de transporte para trabajadores. Es decir, será un conjunto de medidas impulsadas por la Dirección del centro de trabajo y elaboradas en el marco de la negociación colectiva, cuyo objeto es racionalizar los desplazamientos al lugar donde se desarrolla la actividad de los empleados, clientes, proveedores y visitantes.

Para los empleados, los planes de movilidad sostenible ofrecen alternativas más saludables y menos estresantes para llegar a sus lugares de trabajo. El fomento del transporte público, el carpooling y las bicis compartidas son solo algunas de las medidas que pueden facilitar este cambio. La movilidad activa, como la creación de infraestructuras para ciclistas y peatones, y las campañas de concienciación, promueven un estilo de vida activo y consciente.

El teletrabajo y el trabajo a distancia, así como las políticas de tiempo de trabajo flexible emergen como una solución eficaz, a pesar de la hiperregulación a la que está sometido el teletrabajo regular, con la que se perdió una oportunidad de potenciarlo verdaderamente, a pesar de la expansión inicial que se vio tras la pandemia de la Covid19. La idea que subyace es fomentar una flexibilidad horaria, así como una concentración de tiempos de trabajo, además de reducir la necesidad de desplazamientos diarios. El apoyo tecnológico para el trabajo remoto es esencial para garantizar la continuidad y eficiencia de las operaciones, sin olvidar que tiene que estar regulado internamente en la empresa mediante protocolos específicos.

Por otro lado, la transición hacia vehículos eléctricos, apoyada por la instalación de puntos de recarga y ayudas para la adquisición de estos vehículos, representa un avance significativo hacia la reducción de emisiones, pudiendo ser fomentado por las propias empresas en sus instalaciones, incluyendo en sus políticas de retribución o, incluso de beneficios sociales, programas de puntos o utilización de vehículos eléctricos, o al menos que tengan la etiqueta de verdes.

Una novedad adicional a lo anterior es que será obligatorio que el Plan de Movilidad Sostenible se someta a un período de negociación con la representación legal de los trabajadores. Y en los que no haya, se aplicará el mismo criterio que en los planes de igualdad, esto es, con los sindicatos representativos y más representativos del sector. Cabe preguntarse si se tendrán los mismos problemas de falta de contestación que con estos, y nos llevará a una potencial judicialización igualmente.

También tendrán que registrarse, imaginamos que en el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, si no hay otro registro más adecuado para ello, y se modificará el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para imponer sanciones a las empresas incumplidoras. Básicamente, el esquema que se está utilizando para todos los planes y protocolos obligatorios para las empresas.

Por tanto, vemos que la negociación colectiva es un componente clave en la elaboración de planes de movilidad sostenible. La participación activa de sindicatos y la representación legal de los trabajadores deberían asegurar que las medidas adoptadas sean equitativas y beneficiosas para todas las partes involucradas. Este proceso colaborativo es fundamental para alcanzar acuerdos duraderos y efectivos. Sin embargo, si la negociación se realiza directamente con los órganos unitarios de representación, la experiencia nos indica que cada vez están más desvinculados de las políticas y criterios marcados por sus federaciones, lo que puede complicar la negociación y el objetivo de establecer las medidas comentadas.

No todo es de color de rosa, o verde, en este caso. También es cierto que las empresas pueden enfrentar desafíos al implementar estos planes, como el de la potencial dificultad en la negociación colectiva como hemos adelantado. No podemos olvidarnos de que la falta de recursos, la resistencia al cambio y la complejidad de la gestión son obstáculos comunes. Superar estos desafíos requiere un enfoque estratégico y un compromiso firme con la sostenibilidad.

¿Qué debería incluir un Plan de Movilidad Sostenible? Hay que tener en cuenta las distintas fases tendrían que constar con un diagnóstico de situación, un diseño del plan, su implantación y, evidentemente, su seguimiento.

Todo ello va en línea con un objetivo claro que es contribuir a una empresa sostenible y potencial como valor social la movilidad sostenible en todos los ámbitos. Evidentemente supondrá un coste, pero también hay que plantearse, ¿qué coste pagaríamos si no cumpliéramos con el objetivo de sostenibilidad?

Asimismo, no puede dejarse a un lado que el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible contempla como uno de los tipos infractores, entre otros, el hecho de no disponer del Plan de Movilidad al Trabajo dentro del plazo establecido cuando con ello se produzca un perjuicio para el sistema de movilidad, por lo que, no cabe considerar que se trate de una obligación meramente estética, ya que puede suponer el inicio de un procedimiento infractor frente a la empresa que culmine con la imposición de una sanción por este motivo.

Como conclusión, los planes de movilidad sostenible son esenciales para las empresas que buscan prosperar en un mercado cada vez más consciente del impacto ambiental. Al adoptar estas medidas, las compañías no solo contribuyen a la lucha contra el cambio climático, sino que también mejoran su competitividad y reputación. La movilidad sostenible no es solo una responsabilidad, sino una oportunidad para liderar el camino hacia un futuro más sostenible y justo para todos.

Puede leer el artículo en la Revista Renting Automoción.

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