La Ley Ómnibus contiene ocho medidas principales para “fomentar la recuperación económica de la Comunidad de Madrid”, así lo ha subrayado el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Raimundo Herráiz, que también ha resaltado que se trata de “la propuesta más ambiciosa en materia de urbanismo que se ha hecho nunca” en la comunidad madrileña, desde la aprobación de la actual Ley del Suelo, la 9/2001.

Con motivo de su actual tramitación en la Asamblea de Madrid, Andersen ha organizado la jornada ‘Novedades urbanísticas de la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid’ que ha contado con la participación de Raimundo Herráiz, director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, para explicar las claves y las principales novedades que desde el punto de vista urbanístico incorpora esta legislación.

Durante la inauguración, Antonio Ñudi, socio de Andersen especializado en el área de Urbanismo, ha querido destacar “la gran implicación de la dirección general de Urbanismo con el sector”, así como la “clara visión de su responsable sobre cuál debe ser la posición de la Administración a la hora de regular en materia urbanística”. Al mismo tiempo, ha agradecido su participación a Carmen Panadero, moderadora del coloquio y presidenta de WIRES, que, en palabras de Ñudi, se trata de “una de las organizaciones más influyentes del sector inmobiliario”.

Al inicio de su intervención, Raimundo Herráiz ha querido agradecer a Andersen su invitación a este acto y ha remarcado la participación de Antonio Ñudi como “un actor importante dentro de un grupo de abogados y urbanistas con los que quise contar para realizar estas modificaciones de la Ley”. Durante su ponencia, el director general de Urbanismo ha hecho hincapié en que esta norma surge de la necesidad de proporcionar “un nuevo marco normativo” al sector urbanístico madrileño. Asimismo, ha recordado que están trabajando en paralelo en una nueva Ley del Suelo “que, si todo va según lo previsto, verá la luz en la próxima legislatura”. 

La norma, ha explicado Herráiz, contiene una serie de medidas clave “para fomentar la recuperación económica que no podían esperar a una tramitación más larga y lenta”. El director general ha detallado los ocho puntos principales que la componen, que, en general, buscan “reducir los plazos en las tramitaciones y actuar con mayor seguridad jurídica”, entre los que se encuentran, por ejemplo, las actuaciones en suelo urbano consolidado, regulando las actuaciones de dotación, la modificación del régimen de las redes públicas (Artículo 36) para incluir en suelos dotaciones vacantes viviendas públicas en régimen de alquiler, la eliminación del trámite ambiental en determinados planes especiales y estudios de detalle,  o la introducción de la posibilidad de realizar transferencias de aprovechamiento,  medidas todas ellas necesarias para el impulso de la actividad en el sector  inmobiliario.