España lidera las restricciones a la inversión extranjera impuestas tras el coronavirus dentro de los países europeos, acuerdo con un estudio de Andersen titulado European restrictions on foreign investment due to the Covid-19 crisis, lo que puede pasar factura a la entrada de capitales al país y limitar la capacidad de maniobra de las compañías nacionales en el caso de que necesiten ampliar su capital para superar la falta de liquidez o un desequilibrio en el balance. En concreto, “España está a la cabeza de las restricciones por la amplitud de sectores que cubre; otros países han sido mucho más selectivos al hablar únicamente de sectores sensibles, como la sanidad o la información”, explica Ignacio Aparicio, director de Mercantil de Andersen en España y coordinador de Corporate y M&A de Andersen en Europa.

Durante los primeras semanas tras la expansión del coronavirus por Europa y las continuas sangrías en Bolsa de las empresas cotizadas, los grandes gobiernos de la UE se empezaron a preocupar por la posibilidad de que una compañía extracomunitaria aprovechara la coyuntura para comprar ciertas empresas críticas para sus respectivos países a precio de saldo, quizá con la intención de vaciarla de sus activos más rentables o de copiar su know how para replicar su modelo de negocio en un tercer país con costes laborales más bajos, razón por la que muchos de ellos introdujeron restricciones a la compra de empresas nacionales por parte de los extranjeros. Sin embargo, “estas trabas adicionales a la inversión extranjera son un factor desincentivador porque hay que sujetar los contratos a la autorización gubernamental”, advierte Aparicio.

Discrecionalidad

“Con esta lista no se manda el mensaje de que España es un buen país para invertir sin trabas. Se dice que son sectores muy estratégicos, pero la protección es tan exhaustiva y se extiende a tantos sectores que no pueden ser todos ellos estratégicos”, argumenta Aparicio. Además, el Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, que suspende el régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España, donde se incluyen estas medidas, también introduce un elevado componente de discrecionalidad gubernamental, ya que “prácticamente todos los negocios manejan datos personales”, lo que abre la puerta al control de todo tipo de inversiones por parte del Gobierno, y esto supone un mayor efecto de desánimo. “Sería mejor saber de antemano cuáles son las fórmulas para denegar la inversión. Y tienen que estar muy bien definidas, porque si no siempre se van a poder aplicar y eso no ayuda a dar seguridad jurídica a los inversores”, subraya Aparicio, que añade que, a pesar de todo, la regulación presenta algunos agujeros, como es la posibilidad de comprar ciertos activos de una empresa sin necesidad de comprar una participación en ella.

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