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El sector agroalimentario se enfrenta a nuevos retos de innovación y sostenibilidad para acceder a los fondos de la PAC

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Andersen junto a CEOE llevaron a cabo un encuentro digital con la Comisión Europea para analizar la reforma de la PAC

La nueva Política Agraria Común (PAC) que Bruselas negocia para el período 2023-2027 va a obligar a todos los agentes del sector agroalimentario a realizar una apuesta firme por la innovación y la sostenibilidad para acceder a los fondos que contemplan y que ascienden a 390.000 millones de euros, de los cuales se destinarán 47.700 millones a España.

Así se puso de manifiesto durante la jornada organizada por Andersen, en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en la que participaron los representantes de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Gregorio Dávila, jefe adjunto de la unidad de Desarrollo Rural, y Miguel García, jefe adjunto de la Unidad de Vino, Frutas y Hortalizas, junto a Ignacio Aparicio, socio director del área Mercantil de Andersen, Rafael Ripoll, of counsel en el área de Derecho de la UE del despacho, e Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de Asaja.

Durante su intervención, Ignacio Aparicio destacó que la nueva PAC prima la innovación, la digitalización de toda la cadena alimentaria y la sostenibilidad de la producción. Se trata, dijo, de “objetivos que se ha marcado la Comisión Europea en todas sus políticas y que, de apostar por este tipo de proyectos, los agentes del sector podrán beneficiarse también de nuevos fondos europeos como los contemplados en el Plan de Recuperación para Europa ‘Next Generation UE’”.

Por su parte, Gregorio Dávila recordó que el proceso de negociación está abierto e indicó que la PAC está pendiente de los diálogos tripartitos, que son reuniones técnicas y políticas que se alargarán hasta abril de 2021 para continuar con la presentación de los planes a la Comisión a final de año que se aprobarán en 2022. Destacó la “arquitectura verde” del reglamento y, como propuesta fundamental, la reserva mínima del presupuesto para los denominados “ecoesquemas” o medidas complementarias en favor del clima, que, aunque está por determinar, el Consejo propone establecer en el 20% y el Parlamento en el 30% de los fondos.

Dávila señaló otras cuestiones que también están sobre la mesa en las negociaciones de las normas de la nueva PAC, como la condicionalidad, esto eso, las obligaciones que cualquier beneficiario debe cumplir y que ha integrado todas las exigencias del pacto verde, el peso del agricultor genuino, las ayudas acopladas o el apoyo a los jóvenes y pequeñas explotaciones agrícolas, así como la inclusión de medidas para gestión de riesgos climatológicos por parte de los Estados, que el Consejo Europeo ha propuesto que sea voluntario.

Miguel García sostuvo que los responsables comunitarios han mostrado su interés por extender el modelo de apoyo a organizaciones de productores de frutas y verduras a otros sectores como la producción animal, los cultivos herbáceos o los cereales. Según explicó, esos programas sectoriales se podrían financiar deduciendo hasta un 3% de los pagos directos.

Finalmente, el director de Relaciones Internacionales de Asaja apostilló que el sector agroalimentario es “vital y dinámico” y recordó que en España existen 30.000 industrias agroalimentarios y 900.000 explotaciones agrarias, por lo que celebró el cambio de gobernanza al trasladar parte de la toma de decisiones de la Comisión Europea a los Estados.

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