¿En qué punto se encuentra la relación entre España y Venezuela a nivel de oportunidades de inversión? Durante los últimos años, ha tenido lugar un desarrollo en el flujo de inversión entre ambos países, que ha ido modificándose en la actualidad en lo relativo a la relación entre emisor y receptor de los mismos. Más concretamente, en 2019 la inversión directa neta de España en Venezuela –con un 83% centrado en la industria energética y el 12% con la financiera-, sufrió una gran caída. Este hecho forma parte de una tendencia que lleva sucediéndose tiempo, pero que se ha visto agravado a raíz de la crisis del COVID-19. Por su parte, si bien ha podido decrecer el nivel de inversión venezolana en España (11 millones de euros frente a los más de 30 millones en 2018), la realidad es que los flujos de inversión han ido cambiando, con una preeminencia cada vez mayor de inversión de Venezuela a España.

Este escenario hace necesario llevar a cabo una revisión del contexto económico y de inversión en relación con ambos países y, sobre esta base, Andersen y LEGA, firma colaboradora de Andersen Global en Venezuela, organizaron el evento “Ventajas y oportunidades derivadas de los convenios entre España y Venezuela” para abordar distintas cuestiones que impactan sobre el flujo y oportunidades de inversión como los sistemas de protección, inversión, doble imposición, residencia o nacionalidad, entre otros.

Para ello, el evento contó con ponentes de ambos despachos, que han aportado su expertise para entender mejor cuáles son los elementos más relevantes en materia de convenios entre los dos países. En concreto participaron Íñigo Rodríguez-Sastre, Socio Director en Andersen en España y responsable del área de Arbitraje; Borja de Gabriel, Socio de Derecho Fiscal en Andersen; Elena Sevila, Director en el área de Arbitraje Internacional en Andersen; Jorge Martínez, Asociado Sénior de Derecho Fiscal de Andersen. Por parte de LEGAL participaron José Gregorio Torrealba, Socio Sénior de Derecho Público y Regulatorio; Alejandro Gallotti, Socio Junio de Derecho Público y Regulatorio; y Nathalie Rodríguez, Socio de Derecho Tributario.

Durante su intervención, Íñigo Rodríguez-Sastre explicó que el concepto de inversión, en relación con el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), “debe entenderse de forma amplia y, en el caso de las inversiones indirectas, éstas también deberían verse protegidas, sin limitación”. A modo de valoración, Íñigo explicó, además, que “el APPRI favorece mucho la inversión, puesto que el articulado permite proteger dichas inversiones de forma amplia”.

Elena Sevila recalcó la importancia de este Acuerdo para poder estar protegido al realizar una inversión, enfatizando la necesidad de reunir los requisitos que, según el documento, califican a la figura del inversor. Así, indicó que, al existir casos muy diversos, es fundamental partir de la base de conocer y entender la definición de inversionista. Sobre esta definición, José Gregorio Torrealba explicó que, si no se cumplen determinadas condiciones, “el inversor corre un altísimo riesgo de perder la inversión”. En este sentido, se aportaron diversos ejemplos para entender cómo aplica el APPRI para la protección de las empresas dependiendo de su lugar de constitución o en casos de doble nacionalidad y la protección que se deriva en estos casos, que expuso Alejandro Gallotti.

Los expertos ofrecieron diversos ejemplos prácticos focalizados en entender el funcionamiento de diferentes elementos que entran en juego en el caso de inversiones entre ambos países, como puede ser la resolución de conflictos por vía de arbitraje, o cómo puede afectar la situación política en el caso de iniciar un procedimiento legal.

Se abordaron igualmente los instrumentos disponibles desde la denuncia por parte de Venezuela del convenio CIADI y los precedentes en la materia.

En lo relativo a la perspectiva fiscal de la inversión, desde el contexto venezolano, Nathalie Rodríguez afirmó en relación con la inversión española en Venezuela, que es importante “saber qué proyecto se va a llevar a cabo y recurrir a la opción que más delimite los flujos, evitando supuestos dudosos que puedan provocar doble imposición”.

“Desgraciadamente, estamos viendo que las empresas españolas están realizando ajustes estratégicos en Venezuela”, explicó Borja de Gabriel, con especial incidencia a raíz de la crisis provocada por el COVID-19, aportándose desde Andersen y LEGA soluciones a nivel de fiscalidad en relación con la desinversión de las entidades españolas en dicho país.   

Borja de Gabriel indicó que el cambio de flujo ha hecho que los venezolanos inviertan cada vez más en España, principalmente personas físicas, grandes patrimonios y family office. “La planificación del landing en España es fundamental y la labor de los expertos, como es el caso de Andersen, se centra en planificar fiscalmente, de manera óptima y de acuerdo con la legislación, la llegada del inversor” y “siempre con carácter previo a la adquisición de la residencia fiscal en España”.

Desde el punto de vista de los grupos empresariales venezolanos que invierten en España, fiscalmente debemos hacer un análisis previo de las rentas offshore y onshore, si bien, concluyó Borja de Gabriel, “en nuestra experiencia la mayoría de los grupos empresariales venezolanos que desembarcan en España lo hacen bajo la estructura de ETVE”.

Asimismo, Jorge Martínez puso sobre la mesa los elementos que deben tener en cuenta los inversores para proteger su actividad, qué requisitos deben cumplir, qué tributos les afectarían, tiempos de permanencia en el país, quiénes se ven afectados por la obligación de tributar en España o cómo influye la doble nacionalidad. A su juicio, desde la primera gestión realizada en España, “es necesario hacer un seguimiento para no encontrarse con situaciones que puedan minorar el patrimonio de los inversores venezolanos”.

Finalmente, los ponentes revisaron algunos de los problemas fundamentales a los que pueden enfrentarse los inversores del país origen al llegar al país de destino, poniendo énfasis en la necesidad de conocer bien todos los pormenores que las inversiones suponen, tanto a nivel comercial como a nivel fiscal, para que puedan preverse de antemano con el fin de estar protegidos y poder realizar su actividad con seguridad.