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Oleada de regularizaciones y reclamaciones contra el Estado tras el revés europeo al 720

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José Mª Cusí analiza en El Confidencial las regulaciones que van a suceder en los próximos meses después de que el Tribunal de Justicia de la UE haya tumbado el régimen sancionador del modelo 720, puesto en marcha hace una década y por el que los residentes en España tienen que declarar sus bienes en el extranjero.

Hacienda se ha llevado un duro revés en Luxemburgo con el 720, ideado hace una década por el Ministerio dirigido entonces por Cristóbal Montoro. Y las consecuencias son millonarias, ya que los patrimonios afectados, la mayoría grandes, esperan ganar los procesos abiertos en la Justicia, y para los que están cerrados, preparan reclamaciones patrimoniales contra el Estado. Los despachos también esperan un aluvión de regularizaciones de activos que aún se encuentran en el exterior sin declarar.

Después de recomendaciones más ambiguas del abogado general de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha tumbado la estrategia de Hacienda durante los 10 últimos años con el modelo 720, por el que los residentes en España tienen que declarar sus bienes en el extranjero. El alto tribunal considera que es desproporcional tanto la sanción del 150% sobre el impuesto que no se habría pagado junto con el conjunto de datos erróneos o que faltaban, y la no prescripción, algo que solo ocurre con los delitos por genocidio y lesa humanidad, además de con el 720.

Los asesores fiscales de muchas grandes fortunas españolas habían señalado el día en el calendario. Estaban muy pendientes del fallo del TJUE por dos cuestiones: ganar litigios en la Audiencia Nacional o en el Supremo por sanciones no aceptadas o para reclamar multas pasadas por un lado, y por regularizaciones pendientes por otro.

Las regularizaciones se van a suceder en los próximos meses, en casos en los que se pueda demostrar una prescripción porque el origen de los bienes no declarados sea de hace más de cuatro años. Los despachos ya estaban preparando un aluvión de modelos 720 no presentados hasta ahora en caso de que la sentencia se produjera en la dirección que ha elegido el TJUE. También bancas privadas españolas. Ahora tienen una ventana para darse prisa antes del nuevo régimen que apruebe Hacienda. "Es de prever que se incrementen las regularizaciones, pues pese a que hemos sostenido que no debería aplicarse el mismo régimen sancionador a una regularización realizada con motivo de una inspección tributaria, que a una regularización voluntaria -ya que en este último caso lo lógico sería la aplicación del recargo único y, en su caso, de los intereses de demora-, mucha gente temía sufrir la sanción del 150% pese a regularizar voluntariamente", indica José María Cusí, socio de Andersen.

Puede leer el artículo completo en el Confidencial

 

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