El Gobierno ha aprobado la controvertida prórroga de la moratoria para las empresas en situación de insolvencia, esto es, de la obligación legal de presentar concurso voluntario de acreedores en el plazo de dos meses desde que sus administradores conocen, o deben conocer, su situación de insolvencia.

Se han oído algunas críticas a esta nueva moratoria concursal, que dura ya un año y se extenderá hasta el 31 de diciembre, calificándola como "patada hacia adelante" o  caldo de cultivo de "empresas Zombies". 

Sin dejar de tener cierta razón esas posiciones, algunas muy autorizadas, estoy convencido de que esta nueva prórroga va a producir la activación del mecanismo de la selección natural y, cuando sea posible reanudar de forma plena o casi plena la actividad, será el momento en que aquellas empresas que no sean capaces de asumir la reactivación, a pesar de las medidas puestas en marcha, habrán de concursar para liquidar ordenadamente sus activos, pero habrá otras muchas que, apoyadas en los las "ayudas", los ERTEs, los préstamos ICO,  en las prórrogas de ambos, y en la propia ampliación de los plazos de la moratoria concursal, no se habrán precipitado a presentar concurso ni habrán caído en el pozo de los seculares retrasos de los Tribunales, en la destrucción de su mercado y de su imagen, en la imposibilidad de contratar con la administración, la de conseguir financiación o ayudas para fondo de maniobra, en los propios costes del proceso concursal y no serán pasto de la estadística que indica que el 95% de las empresas que presentan concurso de acreedores acaban en liquidación.

Ha de tenerse en cuenta que, en situación de insolvencia, la presentación de concurso voluntario no solo es un derecho -al que no afecta la moratoria concursal- sino que es un deber, sancionado, si se incumple, con la posible declaración de culpabilidad del concurso.

Cuando sea posible reactivar la actividad económica y productiva, las empresas podrán ser capaces de elaborar y presentar a sus acreedores un plan de viabilidad bajo parámetros ciertos o, al menos, previsibles, por lo que estarán en condiciones de encarar un proceso de refinanciación preconcursal o, dentro del concurso, poder negociar un convenio con estos.

La denominada "crisis covid" no es una crisis financiera, es una crisis de actividad. Se está haciendo pivotar todo el proceso de recuperación económica en la previsible reactivación de la actividad desde el verano de 2021 como consecuencia de las medidas restrictivas de la movilidad en este invierno y primavera y del avance de la vacunación. Si se confirman los buenos augurios, este compás de espera, tan discutido, puede evitar la liquidación de muchas empresas y la destrucción de actividad económica.

El tejido empresarial español, compuesto en su mayor parte por empresas pequeñas de servicios, está escasamente capitalizado y patrimonializado y el activo de sus balances presenta demasiados inmateriales e incertidumbres. Su valor, por tanto, se encuentra en mantener la actividad.

Parece que esa puede ser la razón por la que el Gobierno, después de un año de moratoria concursal ha optado por su nueva prórroga. Tratar de conservar expectativas de viabilidad a las puertas de la previsible recuperación de la actividad empresarial parece un criterio no solo prudente sino esperanzador.

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