Los grandes patrimonios de Madrid, de la mano de sus asesores, están llevando a cabo cambios contrarreloj para minimizar la factura fiscal del nuevo impuesto. Aunque no tienen margen para evitar el pago del tributo en 2023, al devengarse el actual ejercicio, sí están tomando a cabo acciones para reducir el impacto de cara a 2024.

En el último trimestre, hemos acometido operaciones de reestructuración y optimización para minimizar el impacto de unos impuestos que consideramos incorrectos desde el punto de vista formal y que, por tanto, apuntan a posibles declaraciones de inconstitucionalidad en el futuro, arguye Vicente Sanz, socio de Andersen.

Fundamentalmente, comenta Sanz, se trata de cumplir con los requisitos para lograr la exención porque el patrimonio esté afecto a actividades económicas, algunas donaciones tanto a la sociedad de gananciales de bienes privativos como al resto de miembros de la unidad familiar, y revisar los requisitos de residencia y territorialidad. Y también, en atención al límite conjunto del IRPF e Impuesto al Patrimonio, poder materializar pérdidas financieras para reducir el montante de la cuota del IRPF.

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