En los últimos años, la semana laboral de cuatro días se ha instalado en la agenda política de diferentes países de la Unión Europea, incluida la de España. El debate en torno a esta figura ha cristalizado en los círculos empresariales, con argumentos a favor y en contra, sobre todo, en función del sector productivo.

Los bufetes de la abogacía de los negocios no son ajenos, aunque por la propia naturaleza de la profesión, sometida al incesante ritmo de los plazos procesales o a las operaciones de los clientes, de diferentes jurisdicciones y horarios, muy pocos se decantan por reducir la semana laboral a cuatro días, al menos, a corto plazo.

“La jornada de cuatro días es una propuesta que tendrá difícil encaje en una firma de servicios profesionales”, coincide José Vicente Morote, socio codirector de Andersen en España. Una de sus oficinas acaba de vivir una prueba experimental impulsada por el Ayuntamiento de Valencia, que hizo coincidir cuatro lunes festivos para incentivar la semana reducida. De la experiencia concluye que descansar cuando otros trabajan es difícil porque “las citaciones judiciales no entienden de la organización laboral de las empresas”. “Que el horario laboral fuera el mismo para todas las compañías facilitó la ejecución”, pero “ha sido complicado gestionar una aplicación total porque trabajamos con clientes nacionales e internacionales”, señala Morote. En su opinión, “el futuro pasa más por la flexibilidad que por la implantación de la semana reducida”.

Entre las medidas de trabajo flexible por las que se decanta Andersen se encuentra “la posibilidad de adaptar horarios y presencialidad. Se trata de una apuesta por la productividad y la conciliación, que dista mucho de la implementación obligatoria de un sistema laboral de cuatro días”, subraya el socio codirector.

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