El Gobierno seguirá apostando en 2023 por la "prohibición de despedir" para impedir una oleada de extinciones de contratos provocada por la crisis energética y la incertidumbre económica. Pero no solo lo hace sin corregir ni clarificar una fórmula cuestionada por el Tribunal Supremo, sino que añade nuevos y controvertidos cambios legales que auguran un ejercicio lleno de litigiosidad e inseguridad jurídica para las empresas que pretendan hacer ajustes.

Lo más sorprendentes es que el nuevo paquete de medidas contra la inflación ha prorrogado hasta junio de 2023 esta medida sin cambios para responder a la sentencia del Alto Tribunal. Para Raquel de la Viña, directora del Área de Laboral de Andersen en España, lo aprobado entra "en clara contradicción" con ella, con lo cual la historia volverá a repetirse. "Dejà vu, sería el principal término que usaría para describir la situación que viviremos", apunta en declaraciones a elEconomista.es.

La consecuencia será una "evidente inseguridad jurídica", dado que se deberá seguir el mismo camino que con los despidos por Covid. Aunque ve "muy probable" que todos los actores jurídicos hagan uso de la sentencia del Alto Tribunal "aplicando una interpretación analógica para intentar reducir esa inseguridad", considera inevitable una "judicialización excesiva" de los casos.

Algo que en un contexto como el que sufre actualmente la Justicia en España, contribuirá aún más a la "saturación de nuestro sistema judicial", provocando retrasos que perjudiquen el derecho de defensa y el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva,

Por otro lado, enero verá la el fin de la tramitación de la Ley de Empleo, que incluye el refuerzo del papel de la Inspección de trabajo en los despidos colectivos.

Se ha introducido a través de una enmienda transaccional pactada entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu, y sus consecuencias son todavía complejas. Aunque la doctrina del Supremo deja claro sus límites  ala hora de impedir despido, la redacción abre la puerta a un incremento de la judicialización en los despidos colectivos, tal y como explica De la Viña.

"Los próximos años presentan una imagen de un claro incremento de la judicialización de los despidos, sus causas y las consecuencias de los mismos, lo que provocará una ralentización aún mayor del sistema judicial, que está mermado y con una falta de recursos evidente para atender a la demanda actual, y más aún a un aumento del número de pleitos como el esperado, remacha la experta.

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