El pasado 20 de febrero de 2019, las Cortes Generales aprobaron finalmente la Ley 1/2019 sobre Secretos Empresariales, que implementa la Directiva de la UE 2016/943 sobre la protección del «know-how» y de la información empresarial (secretos empresariales) contra su adquisición, uso o divulgación ilícitos. En línea con la Directiva y el Acuerdo sobre los ADPIC, la normativa española establece una definición precisa de "secreto comercial", centrándose en las medidas previas que el titular del secreto debería haber tomado para protegerlo. La Ley española, sin embargo, va un paso más allá de lo que la Directiva de la UE había establecido, y contempla una protección más amplia de los secretos empresariales, por ejemplo, regulando la transferencia, copropiedad y licencia de los secretos empresariales como activos intangibles. Además, la normativa española ofrece una amplia gama de recursos legales para la protección de los derechos del titular, incluyendo medidas cautelares.

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