Las PYMES familiares están viviendo una paradoja: Aunque la mayoría de pymes no cotizadas, incluidas muchas empresas familiares, no están obligadas a emitir un “Estado de Información No Financiera” en sentido estricto, cada vez dedican más tiempo a atender solicitudes ESG de clientes y bancos. Y ahí surge el verdadero riesgo: no tanto “no reportar”, como responder de forma reactiva, con información dispersa, definiciones cambiantes y evidencias difíciles de reconstruir, precisamente cuando esa información empieza a influir en decisiones de homologación, contratación y financiación. En este escenario, el reto no es producir más documentos, sino dotarse de un marco sencillo y reutilizable que permita contestar una vez y contestar bien, sin que el reporting se convierta en burocracia.
Para entender el tablero, conviene ordenar los acrónimos. ESG es el conjunto de factores Environmental, Social & Governance (ambiental, social y gobierno); EINF es el “Estado de Información No Financiera” en la normativa española; CSRD es la directiva europea que eleva el reporte corporativo de sostenibilidad; ESRS son los estándares europeos que detallan cómo reportar; EFRAG es el organismo que desarrolla estándares (entre ellos ESRS y el VSME); y VSME es el Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs, es decir, el estándar voluntario de reporte de sostenibilidad para pymes, concebido como un formato común y proporcionado para que empresas fuera del perímetro obligatorio puedan responder de forma consistente a solicitudes de clientes y financiadores. Dicho esto, lo importante para una empresa familiar no es memorizar siglas, sino entender que la conversación de sostenibilidad se está estandarizando y, por tanto, habrá ganadores (los que respondan con orden) y perdedores (los que respondan de forma reactiva). Con estas siglas en mente, conviene distinguir qué es obligatorio y qué es voluntario, y qué parte de la presión responde, simplemente, a expectativas del mercado.
El punto legal de partida en España es claro, aunque a veces se olvide: la Ley 11/2018 incorporó el EINF al ordenamiento español para determinadas sociedades y grupos de gran tamaño, y su lógica no es la de la pyme típica.
La obligación se activa, con carácter general, para sociedades y grupos de cierta dimensión: más de 500 empleados de media y, además, que sean entidades de interés público o que, durante dos ejercicios consecutivos, cumplan al menos dos de estos tres umbrales: activo > 20 millones de euros, cifra anual de negocios > 40 millones de euros y empleados > 250. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la Ley, el perímetro se amplía y pasa a alcanzar a sociedades con más de 250 empleados, cuando sean entidades de interés público (salvo pymes según la Directiva 2013/34/UE) o cuando, durante dos ejercicios consecutivos, superen al menos uno de estos dos umbrales: activo > 20 millones de euros o cifra anual de negocios > 40 millones de euros. En todo caso, la información del EINF debe ser verificada por un prestador independiente. En consecuencia, salvo casos específicos (por tamaño, grupo, o condición de entidad obligada), muchas pymes familiares quedan fuera del perímetro de obligación de EINF.
Ahora bien, que sea voluntario no significa que sea “lo mismo” ni que deba llamarse igual: el ICAC lo ha formulado con precisión en una consulta del BOICAC: una entidad no sujeta a la Ley puede divulgar información no financiera voluntariamente, pero debe evitar denominarla “Estado de Información No Financiera” y dejar claro su carácter voluntario y que no está sujeta a las exigencias y garantías de la Ley, salvo que decida someterse íntegramente a sus requisitos y lo manifieste expresamente. Esta advertencia, aunque técnica, es tremendamente práctica: permite a la empresa familiar informar sin “autoimponerse” un marco legal que no le corresponde.
Entonces, si no hay obligación general, ¿por qué la pyme siente presión para informar? Porque la sostenibilidad se ha convertido en un requisito de relación con dos contrapartes esenciales. Por un lado, el cliente de referencia pide información para homologación, renovación de contratos o cumplimiento de sus propios marcos internos. Por otro, el banco solicita datos para su análisis de riesgos, elegibilidad y, en algunos casos, condiciones económicas. Y como estas peticiones llegan por múltiples canales, la pyme se encuentra contestando distintos cuestionarios que preguntan “lo mismo” con definiciones distintas.
Aunque el calendario europeo de reporte de sostenibilidad se haya reajustado, con aplazamientos (“stop-the-clock”) y propuestas de simplificación que buscan reducir carga administrativa, y aunque la transposición en España se esté produciendo de forma gradual, el punto relevante para la empresa familiar es otro: la presión ESG no depende solo de la norma. La exigencia de transparencia y de políticas ambientales, sociales y de buen gobierno se está consolidando como un estándar de mercado y de expectativas sociales, y por eso continúa avanzando por la vía de los bancos, los clientes de referencia y las cadenas de suministro, incluso cuando el marco regulatorio se retrasa o se ajusta. En la práctica, esto significa que la pyme familiar puede no estar obligada a reportar, pero sí se verá crecientemente invitada, o requerida, a demostrar, con datos y evidencias razonables, cómo gestiona sus principales impactos y riesgos.
En este punto entra el VSME: no como una nueva obligación, sino como un “idioma común” para el mercado. El VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs) es el estándar voluntario para pymes desarrollado por EFRAG. Su objetivo declarado es apoyar a microempresas, pequeñas y medianas empresas en tres frentes muy alineados con la realidad de una pyme familiar: (i) proporcionar información que cubra necesidades de datos de grandes empresas que la solicitan a sus proveedores; (ii) proporcionar información útil para bancos e inversores, facilitando el acceso a financiación; y (iii) mejorar la gestión interna de los retos de sostenibilidad (por ejemplo, salud y seguridad laboral) y, con ello, la resiliencia y el crecimiento competitivo. Además, el propio estándar subraya que es voluntario y que no tiene autoridad legal como los ESRS aplicables a grandes empresas.
La Comisión Europea no solo “toma nota”: lo impulsa formalmente. La Recomendación (UE) 2025/1710 tiene como objetivo principal ayudar a empresas fuera del ámbito CSRD a responder a solicitudes de información que reciban de instituciones financieras, grandes empresas y otras partes interesadas, y la propia Comisión presentó el VSME como una vía para aliviar la carga sobre pymes al estandarizar el reporte voluntario. En la práctica, esto manda una señal al mercado: si una pyme tiene que elegir un formato para responder, el VSME es el candidato natural.
La arquitectura del VSME está pensada para evitar el gran error de la pyme: sobredimensionar el esfuerzo desde el día uno. En el Módulo Básico, el VSME ordena el contenido de forma deliberadamente incremental: B1 fija la base de preparación del reporte (qué opción se aplica, cuál es el perímetro, individual o consolidado, qué omisiones pueden realizarse por razones de confidencialidad, y la información identificativa esencial de la empresa, actividad, tamaño, localización de activos/emplazamientos y, en su caso, certificaciones); B2 recoge el “andamiaje” de gestión, es decir, las políticas, prácticas ya implantadas, iniciativas previstas y objetivos que permiten explicar el cómo y el por qué de los datos. A partir de ahí, B3–B11 se reservan para el set mínimo de métricas: B3 cuantifica energía y, cuando se calcula, emisiones asociadas (con su intensidad); B4 incorpora indicadores de contaminación únicamente cuando existan obligaciones regulatorias o un seguimiento formal; B5 delimita la dimensión de biodiversidad (emplazamientos y superficie en o cerca de áreas sensibles); B6 cubre agua (captación/consumo y exposición a estrés hídrico); B7 aborda recursos, circularidad y residuos (volúmenes, peligrosidad y destino/valorización); B8 describe la plantilla con un desglose básico (y, cuando procede, rotación); B9 resume PRL mediante siniestralidad y eventos graves; B10 concentra los elementos de condiciones laborales (umbral salarial mínimo aplicable, cobertura por convenio y formación, y brecha salarial cuando aplique); y B11 cierra con el bloque de anticorrupción limitado a incidencias objetivables (condenas y multas, si las hubiera). La virtud práctica de esta arquitectura es que permite a una pyme familiar empezar por un “mínimo trazable”, sin sobredimensionar, y escalar al módulo integral solo cuando el diálogo con financiadores o clientes lo exija, evitando esfuerzos prematuros y manteniendo controlado el coste directivo del reporting.
A partir de aquí, la pregunta deja de ser “¿reportamos o no?” y pasa a ser “¿cómo lo hacemos para que nos sirva?”. Desde la óptica de un propietario o de un Consejo de Familia, el VSME es útil cuando se convierte en un “pack” anual reutilizable, no cuando se convierte en un informe que nadie vuelve a mirar. El objetivo real es contestar una vez, contestar bien y poder reutilizar: que el cliente y el banco reciban la misma cifra de consumo energético, la misma definición de siniestralidad, y el mismo relato de políticas y controles, con evidencias que soporten el dato.
Desde una perspectiva de gobierno corporativo, particularmente relevante en la empresa familiar, el VSME, bien aplicado, no debe entenderse como un proyecto de sostenibilidad, sino como un proyecto de gobierno del dato. Eso significa asignar responsabilidades claras (quién aporta consumos y facturas; quién aporta PRL (Prevención de Riesgos Laborales); quién documenta políticas de ética; quién valida el perímetro), definir periodicidad de actualización, y establecer un mínimo de trazabilidad. En consecuencia, el CEO familiar no “pierde tiempo” con ESG: lo invierte en reducir fricción y evitar sorpresas futuras con financiadores y clientes.
Un enfoque pragmático de implantación suele empezar por el módulo básico y por lo que ya existe en la casa. Es habitual que la pyme ya tenga más información de la que cree: facturas y contadores de energía, datos de flota y combustibles, registros de plantilla, formación, accidentes y auditorías internas, políticas básicas de conducta, y documentación laboral y de PRL. El salto cualitativo no está en inventar métricas sofisticadas, sino en conectar piezas, homogeneizar definiciones y declarar límites con transparencia. Es, en esencia, pasar de “responder cuestionarios” a “tener un sistema de respuesta”.
Por eso, incluso en un entorno europeo que busca simplificar, la empresa familiar gana si se adelanta con método. Las noticias recientes sobre recortes o simplificaciones en la UE —más allá del debate político— refuerzan una realidad: los grandes compradores y financiadores seguirán queriendo diferenciar proveedores y acreditaciones, y lo harán con estándares y umbrales. Cuanto más claro sea el marco voluntario para pymes, más razonable será exigir a las contrapartes que se limiten a él (en lugar de enviar cuestionarios infinitos).
Caso práctico: una pyme familiar no obligada que reporta VSME por demanda de clientes y bancos.
Pensemos en un caso deliberadamente realista: “MetalFAM, S.L.”, empresa familiar industrial, no cotizada, 130 empleados, con dos dependencias muy comunes: un cliente de referencia que concentra una parte material de ventas y un banco que financia circulante e inversión. Por tamaño y naturaleza, la compañía no tiene obligación general de EINF, y hasta ahora ha gestionado ESG de forma dispersa: algo de PRL, algo de eficiencia energética, y respuestas puntuales a cuestionarios.
El detonante llega cuando coinciden dos cartas en la misma bandeja de entrada: el cliente anuncia que la homologación anual incorporará requisitos ESG mínimos (energía, emisiones asociadas, seguridad laboral y políticas de conducta), y el banco, en paralelo, solicita información ESG para la renovación del riesgo, incluyendo métricas y evidencia. En ese punto, la dirección entiende que el problema no es “hacer un informe”, sino evitar que cada solicitud convierta a la empresa en un equipo de reporting improvisado.
La decisión inteligente del Consejo de Familia es acotar, secuenciar y gobernar. En lugar de intentar “cumplirlo todo”, se aprueba un plan de 8–10 semanas para construir un VSME Módulo Básico con trazabilidad mínima: (i) consumos energéticos y combustibles sustentados en facturas/contadores; (ii) indicadores de PRL sustentados en registros; (iii) políticas básicas de ética y cumplimiento; y (iv) una nota de alcance que declare límites y supuestos. Además, se acuerda que, si el banco o el cliente piden más profundidad, se activará una segunda fase para evolucionar a Módulo Integral, sin rehacer lo anterior, tal y como prevé el propio estándar.
El resultado, al cabo de un año, no es solo “haber entregado algo”: es haber ganado control. El cliente recibe una respuesta homogénea y comparable, y reduce el intercambio interminable de emails. El banco integra la información en su expediente y disminuye la fricción anual. Y, quizá lo más importante para la familia propietaria, el CEO deja de vivir ESG como un coste de oportunidad y lo incorpora como disciplina de gestión: se identifican dos o tres iniciativas operativas con retorno (por ejemplo, eficiencia energética o reducción de siniestralidad) que, además, mejoran la narrativa ante terceros.
Cómo puede ayudar Andersen a la pyme familiar con VSME
Llegados aquí, la pregunta razonable es “¿quién lo hace y cómo se evita la burocracia?”. Andersen puede aportar valor precisamente en el punto delicado: convertir un estándar técnico en una implantación pragmática, proporcionada y defendible. En la práctica, el apoyo suele centrarse en tres ideas: diagnosticar qué información ya existe y qué falta para un VSME básico o ampliado; ordenar y estandarizar un “VSME pack” reutilizable para bancos y clientes (con definiciones coherentes, evidencias y trazabilidad); y dejar implantada una gobernanza mínima y un plan de mejora gradual, para ampliar solo lo que el mercado vaya exigiendo. El objetivo no es “producir un informe”, sino contestar con consistencia y reducir fricción comercial y financiera sin cargar a la dirección con burocracia.
Conclusión
En definitiva, para la empresa familiar el reto ESG ya no es decidir si “le aplica” la norma, sino cómo gestionar una presión de mercado que llega igualmente desde clientes y financiadores. En ese escenario, el VSME ofrece una salida pragmática: un marco voluntario, proporcionado y estandarizado para responder con una sola versión del dato, con evidencias razonables y sin multiplicar cuestionarios. Adoptarlo a tiempo permite convertir la sostenibilidad en disciplina de gestión, no en burocracia, y proteger dos activos críticos de la pyme: su acceso a clientes de referencia y su acceso a financiación.
Fuentes oficiales (selección)
• España: Ley 11/2018, de 28 de diciembre (EINF).
• ICAC: BOICAC nº 133/2023, Consulta 2 (información no financiera voluntaria).
• UE: Directiva (UE) 2022/2464 (CSRD) y Reglamento Delegado (UE) 2023/2772 (ESRS).
• UE: Recomendación (UE) 2025/1710 (norma voluntaria VSME).
• EFRAG: VSME Standard (diciembre 2024).
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Para más información, puede contactar con:
Lamberto Samper | Of Counsel
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