El pasado 9 de julio de 2025 el Presidente del Gobierno anunció ante el Congreso de los Diputados la puesta en marcha del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, compuesto por un conjunto de medidas orientadas a prevenir y combatir conductas corruptas en el ámbito público y privado.
La propuesta prevé la obligación de inscribir todas las transmisiones de participaciones sociales y de depositar electrónicamente, con carácter anual, el libro de socios en el Registro Mercantil. Es decir, la medida introduciría por primera vez un sistema de publicidad registral sobre la titularidad de las participaciones sociales, de modo que cualquier tercero interesado podría consultar públicamente la composición actual y pasada del capital social de una sociedad limitada.
Además, se plantea vincular la eficacia frente a terceros de la transmisión de participaciones a su inscripción registral, de forma que aquellas transmisiones no inscritas únicamente producirían efectos entre las partes intervinientes, así como permitir que las participaciones sociales puedan darse en garantía real mediante su anotación en el Registro de Bienes Muebles.
El Gobierno sostiene que estas medidas aumentarían la transparencia y la seguridad jurídica en las operaciones societarias, al tiempo que reforzarían la integridad en la contratación pública, al dificultar que personas con responsabilidades políticas oculten su participación en sociedades limitadas y eludan así las prohibiciones de contratación previstas en la ley.
Para la puesta en marcha del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción sería necesario reformar la Ley de Sociedades de Capital, el Reglamento del Registro Mercantil y la Ley de Hipoteca Mobiliaria, además de aprobar un nuevo régimen sancionador para las sociedades que incumplieran las nuevas obligaciones. Con ello, España seguiría la senda de otros países de la Unión Europea, como Italia, Alemania y Francia, que ya han adoptado mecanismos de transparencia similares.
Por ahora, la medida no es más que una propuesta cuyo desarrollo corresponde a la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 711/2025, de 26 de agosto, encargada de coordinar las actuaciones y promover las reformas necesarias para su implementación pero, en todo caso, su evolución deberá seguirse de cerca, dado el posible impacto en la transparencia y organización de las sociedades limitadas.
