En su afán de avanzar hacia modelos urbanos más sostenibles, uno de los principales retos a los que se vienen enfrentando las Corporaciones locales es el de ofrecer alternativas eficaces de movilidad, especialmente en el contexto de las grandes ciudades. En este sentido, desde el año 2017 los patinetes eléctricos brotaron postulándose como una gran alternativa de ecomovilidad, implantándose, principalmente, con empresas de préstamo tales como Dott, Lime, Bolt, VOI o Link, entre otras.
Sin embargo, el auge de estos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) no ha venido acompañado de una adaptación del marco regulatorio que les resulta aplicable, lo que propicia que recaiga en las Administraciones locales la responsabilidad de regular su funcionamiento a través de sus respectivas ordenanzas municipales. Así las cosas, el principal reto al que se vienen enfrentando los Ayuntamientos deriva de la imposibilidad de clasificar a los patinetes eléctricos como “vehículos a motor”, lo que comporta que a los usuarios no resulte exigible formación ni título administrativo previo.
Ante esta falta de control administrativo previo, su uso inadecuado ha generado numerosos problemas de convivencia con el resto de los usuarios de la vía pública, muy especialmente con los peatones, lo cual, unido a su falta de control, obliga a un amplio despliegue de recursos municipales para disciplinar su utilización indebida, originando numerosos expedientes sancionadores. De esta situación, a todas luces insostenible, se hace eco la Sentencia n.º 25/2023, de 17 de enero de 2023, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 7 de Madrid (ECLI:ES:JCA:2023:4862), en la que el Juzgador recriminaba al Ayuntamiento de Madrid que, solo en dicho Juzgado, se dictaron casi 300 sentencias sobre esta materia a lo largo del año 2022. Estas cifras permiten dimensionar la magnitud del problema de la ausencia de regulación, la cual está desbordando a Administraciones públicas y, a renglón seguido, a jueces y tribunales del orden contencioso-administrativo.
Esta situación está obligando a los Ayuntamientos a adoptar posiciones más estrictas respecto a los operadores que ofrecen este servicio de préstamo de patinetes, siendo la capital de la Costa del Sol la última en seguir la estela de ciudades como Valencia, Barcelona, Bilbao, Zaragoza y Madrid, en las que ya se ha optado por revocar las concesiones a estas empresas y en las que, a día de hoy, no opera ninguna empresa privada. El Ayuntamiento de Málaga ha justificado su decisión en “razones de interés público”, lo que además de suponer la práctica desaparición de esta opción de movilidad urbana en la ciudad, exime al Ayuntamiento de la obligación de indemnizar o compensar a los titulares de la concesión, al menos a priori.
Sin que se vislumbre una regulación uniforme de esta alternativa, se encuentra abierto el debate para buscar nuevas fórmulas de movilidad sostenible y que permitan racionalizar el uso de los vehículos privados en nuestras ciudades.
