La derivación de responsabilidad tributaria a administradores vuelve a situarse en el centro del debate jurídico tras la reciente Sentencia 1416/2025, de 05 de noviembre de 2025, del Tribunal Supremo. Sin suponer un giro doctrinal, el Alto Tribunal introduce un matiz relevante que refuerza las garantías del contribuyente: La Administración Tributaria no puede prescindir sin más de la existencia de posibles responsables solidarios cuando concurran indicios razonables de su intervención en los hechos.
El caso analizado parte de un escenario bastante habitual en la práctica: la exigencia por parte de la AEAT de deudas y sanciones tributarias de una sociedad a su administrador de derecho, a pesar de que la gestión y dirección efectiva de la entidad correspondían, en realidad, a un tercero. En este contexto, la Administración optó por declarar directamente la responsabilidad tributaria subsidiaria del administrador formal, sin desplegar actuación indagatoria alguna ni ofrecer motivación sobre la ausencia de actuaciones frente a quien, conforme a los hechos declarados probados, ejercía de manera efectiva las funciones de administración.
El Tribunal Supremo confirma la anulación de la derivación y lanza un mensaje claro: no en todos los supuestos resulta exigible que la Administración agote con carácter previo las vías de responsabilidad solidaria antes de acudir a la subsidiaria; ahora bien, dicha posibilidad queda condicionada a la inexistencia de indicios razonables de responsabilidad solidaria o, en caso de concurrir estos, a que la Administración motive, siquiera de forma sucinta, las razones por las que decide no dirigirse frente a tales sujetos.
En el supuesto concreto, el administrador había puesto de manifiesto desde las fases iniciales del procedimiento – y posteriormente acreditado de forma suficiente- que no desempeñaba funciones reales de gestión o dirección de la sociedad, que contaba con apenas 19 años en el momento de su nombramiento y que la toma de decisiones correspondía íntegramente a un tercero, quien además ostentaba la condición de socia mayoritaria y actuaba en virtud de un apoderamiento con facultades de administración extraordinariamente amplias. Tales circunstancias eran conocidas por la Administración tributaria, que, pese a ello, no desplegó actuación alguna orientada a su comprobación o valoración.
La sentencia añade, asimismo, un elemento relevante al atender a la naturaleza sancionadora del artículo 43.1.a) LGT, lo que excluye cualquier forma de responsabilidad objetiva y refuerza las exigencias de prueba, motivación y presunción de inocencia, que deben concurrir con carácter previo a la adopción del acuerdo de derivación.
En definitiva, el Tribunal Supremo no excluye la posibilidad de acudir directamente a la derivación de responsabilidad subsidiaria, pero sí establece límites claros a dicha actuación. Cuando existan indicios sólidos de la posible responsabilidad solidaria de terceros, la Administración viene obligada a desplegar una actuación activa y suficientemente motivada. Desde un punto de vista práctico, esta doctrina refuerza la importancia de una defensa temprana y bien documentada del administrador afectado, así como la necesidad de analizar con detalle quién ostenta realmente las funciones de gestión y control de la sociedad antes de aceptar de forma automática una derivación de responsabilidad.
