El pasado 17 de septiembre el Congreso rechazó continuar con la tramitación de la ley para extender las garantías de la Ley de Vivienda a los alquileres de temporada y de habitaciones. Este rechazo deja a los inquilinos expuestos a abusos y evidencia la precariedad en la que se encuentran, resaltando la urgente necesidad de regular un mercado descontrolado.
La propuesta buscaba establecer regulaciones claras sobre el alquiler temporal, obligando a los propietarios a justificar la temporalidad y limitando la duración de estos contratos a seis meses. También contemplaba que, tras dos contratos temporales consecutivos, el arrendamiento se considerara de vivienda habitual, brindando mayores garantías a los inquilinos. Además, se introducía una presunción que convertiría los contratos temporales en de vivienda habitual si no había justificación adecuada por parte del arrendador.
El objetivo de esta medida es evitar que los propietarios utilicen la temporalidad para eludir la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y sus restricciones, lo que les permite aumentar precios y modificar contratos con frecuencia, dificultando el acceso a viviendas asequibles y tensando, más si cabe, el mercado de la vivienda.
Una preocupación que surge es el posible impacto de la reforma en la oferta de viviendas. Existe el temor de que establecer límites más estrictos disuada a los propietarios de alquilar, reduciendo así la oferta y tensionando el mercado, afectando a quienes realmente necesitan soluciones temporales, como estudiantes o trabajadores desplazados.
Se ha cuestionado si la nueva normativa podrá frenar los abusos sin un control efectivo de los precios. Sin supervisión clara, el problema podría adoptar otras formas, sin mejorar la situación de los inquilinos que dependen de contratos temporales. Es decir, un mercado sin control no beneficia a nadie; si no hay reglas claras, los precios seguirán aumentando y la accesibilidad para los inquilinos se volverá cada vez más complicada. La falta de límites ha permitido que el alquiler de temporada se dispare, contribuyendo a la especulación y a la crisis de vivienda.
A pesar de la negativa del Congreso, el Gobierno ha anunciado recientemente que está trabajando en un nuevo reglamento para regular los contratos temporales. No está claro cuándo entrará en vigor ni si será efectivo para abordar los problemas actuales. La nueva regulación, que se implementará mediante un real decreto, impondrá una mayor justificación para aplicar estos alquileres, obligando a especificar un propósito claro detrás de la temporalidad (trabajo, estudios, etc.). Además, se creará una “Ventanilla Única Digital de Arrendamientos”, a través de la cual se gestionará el registro obligatorio de estos contratos y se regulará la recogida e intercambio de datos sobre los alquileres de corta duración. Se espera que estas exigencias disuadan a quienes buscan beneficiarse del sistema actual.
El rechazo a la reforma ha sido una oportunidad perdida para abordar una problemática que afecta a gran parte de la población y perpetúa un sistema desigual. Aunque el Gobierno está tomando medidas, el debate sobre la regulación del alquiler temporal sigue abierto, y es esencial garantizar que todos los contratos de arrendamiento ofrezcan un marco de seguridad y equidad.
