El Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, publicado en el BOE el 18 de noviembre de 2026 (en adelante, «RDL 39/2026»), introduce cambios relevantes en el Estatuto de los Trabajadores (“ET”), el Real Decreto 902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombre, la Ley 3/2023, de Empleo, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000), el Real Decreto 723/2026, en materia de condiciones laborales transparentes y previsibles, así como la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
La reforma completa la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152, sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, e incorpora la Directiva (UE) 2023/970, relativa a la transparencia retributiva y la igualdad salarial entre mujeres y hombres. A continuación, resumimos sus principales novedades.
Información contractual y período de prueba
Se extiende a todas las relaciones laborales, con independencia de su duración, la obligación empresarial de informar por escrito sobre los elementos esenciales del contrato y sus modificaciones. Esta información deberá facilitarse también a la representación legal de las personas trabajadoras, en los términos reglamentariamente previstos.
En materia de período de prueba, se mantienen como límites generales 6 meses para personal técnico titulado y 2 meses para el resto, ampliables a tres meses en empresas de menos de 25 personas trabajadoras. En los contratos temporales de duración igual o superior a 6 meses, el límite será de 1 mes, con reducción proporcional en los de duración inferior. El convenio colectivo podrá establecer una duración superior únicamente cuando concurra una justificación específica.
Respecto de las horas complementarias, la persona trabajadora podrá rechazarlas sin consecuencias desfavorables cuando no se respete el preaviso mínimo de 3 días (o el inferior previsto en convenio). Si la empresa cancela horas previamente programadas, deberá abonar la retribución correspondiente a las no realizadas.
La reforma también alcanza al ámbito de la contratación pública, se modifica la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, reforzando las obligaciones de igualdad y transparencia retributiva de contratistas y subcontratistas, con la previsión de penalidades por incumplimiento e incluso la posibilidad de resolver el contrato público en supuestos graves de discriminación salarial o incumplimientos reiterados de transparencia retributiva.
Pluriempleo, estabilidad laboral y garantía de indemnidad
Se refuerza el derecho al pluriempleo: las empresas no podrán prohibir ni limitar sin causa objetiva la prestación de servicios para otros empleadores. Se admiten restricciones justificadas por motivos como seguridad, confidencialidad o conflictos de intereses, sin perjuicio de los pactos de plena dedicación compensados económicamente.
El nuevo artículo 21 bis del ET regula el derecho a solicitar el acceso a puestos vacantes que ofrezcan mayor estabilidad o previsibilidad, incluidas determinadas conversiones contractuales. La empresa deberá responder de forma motivada y por escrito en 1 mes, o en 3 meses si su plantilla no supera las 10 personas trabajadoras. Para los supuestos generales de mejora de estabilidad se exige una antigüedad mínima de 6 meses.
Asimismo, se incorpora expresamente la garantía de indemnidad al ET, declarando nulas las decisiones empresariales que supongan represalias por reclamar o ejercitar derechos laborales, incluso mediante reclamaciones ante la propia empresa.
Transparencia en la selección y derecho de información salarial
En los procesos de selección, las ofertas de empleo deberán incluir la retribución inicial del puesto, basada en criterios objetivos y neutros respecto del género, y el convenio colectivo aplicable. Queda prohibido preguntar a las personas candidatas por su historial salarial y las ofertas y denominaciones de puestos deberán ser neutras respecto del género.
Las empresas deberán poner a disposición de la plantilla los criterios para determinar la retribución y los niveles salariales, con remisión a preceptos concretos del convenio colectivo cuando proceda. Las empresas de 50 o más personas trabajadoras informarán también sobre los criterios de progresión retributiva, cuando exista.
Se reconoce el derecho a solicitar información sobre la retribución individual y las retribuciones medias, en cómputo anual y por hora de trabajo, desglosadas por sexo, correspondientes a trabajos iguales o de igual valor. La empresa tendrá un plazo máximo de 2 meses para contestar por escrito, deberá informar anualmente sobre este derecho y resolver en 15 días las solicitudes de aclaración de los datos facilitados.
Brecha salarial, registro y auditoría retributiva
La principal novedad es la reducción del umbral que obliga a justificar las diferencias retributivas del 25 % al 5 % en empresas de 100 o más personas trabajadoras. En empresas de entre 50 y 99 personas trabajadoras se mantiene el 25 %. La superación del umbral exige incorporar al registro una justificación de que la diferencia responde a motivos ajenos al sexo, pero no determina por sí sola una discriminación.
Se refuerza el registro retributivo, que deberá reflejar las medias y medianas salariales con el desglose exigido y conservarse, junto con su documentación justificativa, durante 4 años. Las auditorías retributivas deberán analizar, como mínimo, los datos disponibles de los 3 últimos años e incorporar medidas correctoras cuando se detecten diferencias injustificadas.
Además, las empresas de 50 o más personas trabajadoras deberán comunicar información sobre su brecha retributiva a la nueva Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva. La comunicación será anual en empresas de 250 o más personas trabajadoras y trienal para las de entre 50 y 249. Las diferencias injustificadas identificadas en este procedimiento deberán corregirse en un plazo máximo de 6 meses.
Régimen sancionador, entrada en vigor e impacto práctico
Se endurece el régimen sancionador: la falta de información contractual y los incumplimientos en materia de registro y comunicación retributiva se tipifican como infracciones graves, sancionables con multas de 751 a 7.500 euros; mientras que las represalias empresariales contra quienes ejerciten sus derechos laborales constituyen infracciones muy graves, con multas de 7.501 a 225.018 euros. Además, el plazo de prescripción de las acciones por discriminación retributiva se establece en 3 años desde el cese de la situación discriminatoria.
El RDL 39/2026 entra en vigor el día 19 de noviembre de 2026. No obstante, la primera comunicación de brecha salarial deberá efectuarse antes del día 8 de junio de 2027 para las empresas de 150 o más personas trabajadoras y antes del día 8 de junio de 2031 para las de entre 50 y 149. Las auditorías ya incorporadas a planes de igualdad vigentes conservarán su validez hasta su revisión o vencimiento.
En el caso de contratos de menos de 4 semanas que ya estén vigentes a la entrada en vigor de la norma, la información contractual que falte deberá entregarse en diez días hábiles desde su solicitud.
En definitiva, conviene revisar las ofertas de empleo, los modelos contractuales, las políticas salariales y los registros y auditorías retributivas, así como establecer procedimientos para responder a las nuevas solicitudes de información salarial y de acceso a puestos más estables.
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Para más información, puede contactar con:
German Martínez | Socio
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Carlos de la Torre | Socio
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