Desde hace un tiempo, nuestros Juzgados y Tribunales vienen limitando el ejercicio de la acusación popular a las Administraciones Públicas, al entender que el Ministerio Fiscal es el órgano competente para defender el interés general en el procedimiento penal. El Tribunal Supremo lo aclara en su Sentencia nº 149/2013, de 26 de febrero