El transporte más contaminante es el avión. La industria de la aviación emite 192 gramos de CO2 por kilómetro y pasajero por los 23 gramos del AVE, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Con estas cifras el Congreso acaba de aprobar una proposición no de ley de Sumar, con enmiendas del PSOE, para que se reduzcan los vuelos cortos con alternativa de 2,5 horas en tren para disminuir el impacto medioambiental del sector aéreo. En mayo de 2023, Francia tomó la delantera en la UE al prohibir estos vuelos. Estas iniciativas tienen su marco normativo en el Acuerdo de París de 2015 y el Pacto Verde Europeo de 2019 que reclaman para 2050 una reducción de las emisiones de efecto invernadero procedente del transporte del 90%.

Para adelantar la neutralidad climática, el Reglamento 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo establece la obligación de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero hasta 2030 de un 55% como mínimo respecto a 1990. En el ámbito aeronáutico, la Directiva 2023/1958 regula la contribución de la aviación al objetivo de reducir las emisiones en el conjunto de la economía hasta 2050. Como asegura Santiago Fernández Lena, socio de derecho mercantil de Andersen, estas normativas “exigen a los abogados atender la obligación jurídica de reducción interna de emisiones netas de gases invernadero” en el sector aeronáutico europeo.

Santiago Fernández defiende que “se podría reducir hasta el 55% de las emisiones en la aviación si se utilizaran combustibles sostenibles (SAF) procedentes de materias vegetales”. Los fabricantes deberán tener en cuenta estas fuentes de alimentación ya que en las próximas dos décadas se estima que se introducirán al mercado más de 44.000 aeronaves.

Fernández confía en cumplir los objetivos ambientales con “el despliegue de nuevas tecnologías como el hidrógeno y la aviación eléctrica, que reducirían la contaminación hasta el 35%”. El reto va a ser generar una importante infraestructura mediante la electrificación en los aeropuertos. Para conseguir este objetivo, el Reglamento europeo 2023/1804 pretende implantar una infraestructura para los combustibles alternativos. “Los bufetes van a ser imprescindibles para asesorar sobre la nueva movilidad aérea y garantizar los aspectos legales de la infraestructura que genere electricidad”, prevé Fernández.

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