El nuevo Gobierno ha llegado a la Moncloa con multitud de propuestas laborales debajo del brazo. Unos cambios que no solo afectan a una pata del ámbito laboral, sino a todo su conjunto. Entre lo que conocemos por sus diferentes declaraciones en la prensa, están iniciativas en materia social y de contratación y subcontratación laboral. También, harán varios cambios en materia de despidos y, además, modificarán asuntos en materia de negociación colectiva.

Una regulación demasiado restrictiva y estricta de la subcontratación (actual artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores), limitando, condicionando o endureciendo los requisitos para acudir a la subcontratación de obras o servicios pertenecientes a la propia actividad de la empresa principal, podría poner en juego la destrucción seria de empleo o, cuanto menos, el atractivo para generarlo y atraer inversión desde el extranjero y generar nuevos proyectos que cristalicen en una mejora del crecimiento económico, cuya base principal es el empleo.

Esto se verá especialmente en sectores como servicios, industria, sector de las tecnologías de la información y la comunicación, automoción o siderometalúrgico. Y ello sin entrar a valorar otras cuestiones más profundas, como podría ser la constitucionalidad de la norma por atentar al principio de libre mercado o principio de libertad empresarial consagrado en consagrado, de manera clara, en nuestra propia Constitución.

Por otro lado, la vuelta a la prioridad aplicativa en materia salarial (salario fijo) de los convenios sectoriales sobre los empresariales es una medida razonable e idónea pero no así, por ejemplo, en otras materias como la jornada, el horario, el régimen de trabajo a turnos, etc., donde la libertad empresarial debería ser máxima para poder ajustar las condiciones de cada empresa a sus necesidades, esto es, dotar de flexibilidad a la compañía para que se pueda seguir avanzando en prácticas como la flexibilidad horaria, desconexión, trabajo a distancia, conciliación de vida personal y familiar, etc

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