La pandemia provocada por la COVID-19 ha tenido, entre sus principales consecuencias, el inicio de una carrera en la industria farmacéutica por el desarrollo de vacunas que permitiesen poner freno a la rápida expansión del virus a nivel mundial. Con la aparición de las primeras vacunas llegó igualmente el dilema respecto de la distribución equitativa de las mismas y la petición efectuada por algunas voces para suspender los derechos de propiedad industrial de las compañías farmacéuticas sobre las mismas. Ello debía permitir según dichas voces una mayor producción y una mayor vacunación de la población mundial, con el fin de ampliar las posibilidades de hacer frente a la expansión del virus.

La alternativa de la liberalización de las patentes, cuenta con partidarios y detractores y ha generado una serie de dudas acerca del impacto que podría tener en cuanto a la inversión que realizan las propias farmacéuticas y laboratorios que desarrollan las vacunas, así como las consecuencias para el mercado, la industria o los propios pacientes.

Con el fin de sentar unas bases que aporten luz sobre este tema, desde Andersen, y concretamente a través del nuevo grupo especializado de Pharma & Life Sciences, se organizó el seminario web “Liberalización de patentes: impacto en la industria y en la sociedad”, que contó con Francisco Fernández (Director de Comunicación de FarmaIndustria), Santiago Alfonso (Vicepresidente del Foro Español de Pacientes), así como con José Ignacio Olleros y Elena Sevila de Andersen.

José Ignacio Olleros introdujo a todos los ponentes agradeciendo su presencia en el primer evento de la nueva área del despacho de Pharma & Life Sciences dedicada a ofrecer servicios en los sectores farmacéutico y de la salud, con reputados expertos en la materia.

El contexto en el que surge este debate, de acuerdo con Elena Sevila, puede situarse a finales de 2020, “cuando Sudáfrica y la India presentaron en la Organización Mundial del Comercio una iniciativa para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, a la que se han sumado más de 100 países”, explicó, añadiendo que “el punto de inflexión ha sido el anuncio de Biden a favor de la liberalización de dichas patentes”.

El debate a día de hoy sigue abierto, con nuevos actores posicionándose a favor o en contra: “el Parlamento Europeo se ha posicionado a favor de la liberalización, el Presidente Sánchez ha hablado de ello e incuso ha ido más allá mencionando la transferencia de conocimiento y tecnología” continuó Elena Sevila, que también explicó cómo “estos foros permiten avanzar y saber cuáles son los intereses de las partes”.

Desde la perspectiva de la industria, Francisco Fernández recalcó la importancia del hito que supuso que apenas “nueve meses después del 11 de marzo de 2020, cuando la OMS declaró la pandemia, se estaba administrando ya la primera vacuna contra la COVID-19. El desarrollo de un medicamento lleva una media de ocho a diez años, por lo que esto dice mucho de hasta qué punto el modelo de investigación y desarrollo de medicamentos en el mundo, sustentado en la protección industrial, funciona o no”.

La industria farmacéutica mundial se comprometió desde el inicio de la pandemia con la alianza global auspiciada por la OMS, para lograr lo antes posible medicamentos o vacunas eficaces. “Había tres grandes compromisos que asumió la industria: la investigación de tratamientos eficaces contra la COVID-19, en un marco de colaboración público-privada; la producción, que era un gran reto porque la producción de vacunas es mucho más compleja y necesita más tiempo, por lo que las compañías decidieron invertir en sus propias plantas y, en paralelo, promovieron acuerdos con plantas de todo el mundo que pudieran asumir la producción, y así multiplicar la capacidad en todo el mundo; y, finalmente, el acceso a las mismas, con precios asequibles y contribución a una distribución equitativa” expuso el Director de Comunicación de FarmaIndustria.

Sobre la producción y los acuerdos, se empezó a trabajar con compañías que pudiesen asumir parte de dicha producción. “Esta era la clave”, continúa Fernández, “porque la cuestión era que esa producción implicaba, por parte de las desarrolladoras, una transferencia científica, de conocimientos y tecnología, que permitiera a las productoras asumir la producción con los mismos requisitos de seguridad y calidad, lo que se ha hecho a través de acuerdos de cooperación entre desarrolladoras y productoras, poniendo en marcha una capacidad de producción muy superior a la que tenía el mundo de vacunas en general”.

Actualmente existen ya 310 acuerdos entre compañías, con aproximadamente 35 países implicados (China, India, Sudáfrica, Brasil, Pakistán, Egipto…), que cuentan con plantas capaces de producir, lo que va a permitir que en 2021 haya disponibles en el mundo entre 12.000 y 13.000 millones de vacunas, suficientes para alcanzar la inmunidad de grupo.

En cuanto al debate sobre la liberalización o no de patentes, Francisco Fernández explicó que, desde su experiencia, no procede: “lo que tenemos es urgencia por producir dosis de vacunas. Cualquier medida de anulación de las patentes lleva un tiempo que no tenemos y necesitamos que se disponga ya de vacunas”, sentenció, añadiendo que, “por su complejidad, no todos están preparados para asumir la producción de vacunas en condiciones de calidad, seguridad y eficacia, por lo que el trabajo que se hace vía licencias voluntarias y acuerdos entre compañías es lo que debería funcionar y, de hecho, está funcionando”.

La perspectiva de los pacientes la aportó Santiago Alfonso, que explicó que “son precisamente los pacientes los interesados en que se tuviese una vacuna pronto, especialmente por parte de grupos de riesgo”.

“Las vacunas salvan vidas, es algo que ya hemos normalizado, y si bien se están tomando medidas no sabemos cuándo terminará esto, pero lo que tenemos claro es que los medicamentos mejoran la calidad de vida de las personas” expuso el Vicepresidente del Foro Español de Pacientes, a lo que añadió que “a día de hoy el productor al que más debemos cuidar es la industria farmacéutica, por lo que está haciendo frente a la COVID-19”.

Santiago Alfonso comentó que “los pacientes están muy satisfechos del resultado de las vacunas, queremos que la investigación siga, y la ciudadanía está dispuesta a pagarlo”, añadiendo que “lo importante es la solidaridad, ayudar a los países en los que son necesarias, quizás no tanto desde la parte de liberalización como poder ayudarles a la compra de las mismas”.

Elena Sevila expuso cómo en ocasiones anteriores, en el seno de la OMC, “se ha conseguido una suspensión de los derechos de propiedad industrial e intelectual, pero a efectos de repercusión en el tercer mundo, esta crisis es en realidad global, y ha quedado demostrado que no hace falta ser un país en vías de desarrollo para verse afectado por ello”, y añadió que “no hay que repensar el modelo de patentes, porque en realidad ayuda a la innovación, pero sí es importante que los stakeholders en este sector debatamos sobre lo que está ocurriendo y saber qué hacer en estos casos”. Sobre esta posible liberalización, “aunque no haya un riesgo claro de que todos pudiesen producir, es importante tener en cuenta la vigilancia farmacológica en todos estos procesos” terminó.  

Santiago Alfonso explicó sobre este hecho que esta misma situación, de posible incertidumbre en caso de liberalización o acceso a las patentes, se vivió con los medicamentos genéricos, y para los pacientes esto “se vive con cierta incertidumbre, pero muchas cosas se producen en otros lugares y no hay problema, simplemente son necesarios mecanismos de seguridad, que sí se dan”.

Francisco Fernández cerró el debate, afirmando que “actualmente contamos con la total seguridad de que los medicamentos aprobados tienen todas las garantías, por lo que el reto para nosotros con respecto a las vacunas es quién puede fabricarlas, producirlas, y que nos dé las mismas garantías, no solo en Occidente, sino que pueda trasladarse al resto de países”.