Las mayores fortunas españolas se llevaron esta semana un jarro de agua fría desde el Tribunal Constitucional, que como se esperaba avaló el impuesto diseñado desde la Moncloa para patrimonios a partir de tres millones. Ayuso ya ha claudicado, con lo que los ricos mueven ficha para aliviar el impacto fiscal y deciden si seguir pleiteando.

La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que tramitará de forma urgente un proyecto de ley para que la recaudación se quede en la región y no vaya al Estado. Lo tiene fácil, con mayoría absoluta. La vía es recuperar el impuesto sobre el patrimonio, que está bonificado al 100% en Madrid desde los tiempos de Esperanza Aguirre.

Así, juristas consultados señalan que solo tendría que modificar la ley del impuesto para establecer la bonificación solo hasta patrimonios de tres millones de euros, y, si quiere evitar que se active el impuesto de las grandes fortunas, calcar los tipos impositivos. No obstante, dudan de que se pueda articular algún mecanismo legal para devolver el dinero a los contribuyentes afectados, como se ha sugerido en alguna ocasión.

"Existen cuestiones de legalidad ordinaria que no vendrían condicionadas por el fallo del Constitucional, al igual que aspectos que pudieran resultar contrarios al derecho de la Unión Europea tampoco resultarían afectados, pudiendo ser objeto de recurso", señala Vicente Sanz, socio de Andersen.

Sanz recuerda que Madrid, Andalucía y Galicia cuestionaron el encaje constitucional del impuesto, "batalla ahora perdida, pero esa premura en la contienda se suma a las prisas del legislador por sacar adelante un el texto y ahora, en la elaboración y votación de una ponencia que deja aspectos a discutir en el futuro".

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