No son pocas las ocasiones en las que Pedro Sánchez ha puesto como ejemplo al Gobierno de Antón Costas en Portugal y ha subrayado las "lecciones" que España debía tomar de su gestión. Sin embargo, no parece que el Ejecutivo español esté prestando mucha atención al camino que están siguiendo nuestros vecinos portugueses para salvar su contratación pública. Allí, el Consejo de Ministros aprobó este jueves una norma que facilita enormemente el alivio de los licitadores ahogados por el alza de los precios, un régimen que contrasta con las estrictas y cicateras condiciones que se han impuesto en nuestro país y que ha desincentivado que muchas empresas se acojan al mismo.

"La modificación no está consiguiendo paliar la situación de los contratistas", describe José Vicente Morote, socio codirector de Andersen y responsable del área de Público de la firma, "algunos de los cuales sencillamente están luchando por conseguir la resolución de sus contratos sin que se declare el incumplimiento culpable, se les incauten las garantías y ello pueda traducirse en la imposición de una prohibición de contratar". En su opinión, la incertidumbre que supone la aceptación del mecanismo con imposición de nuevos plazos de ejecución y renuncia anticipada a cualquier otra posibilidad de compensación, así como la inestabilidad de los precios futuros —no solo de las materias primas sino del resto de elementos que componen la prestación— ponen en duda la eficacia de la solución diseñada por el Ejecutivo.

"Es necesario ampliar el espectro de contratos a los que aplicar las medidas extraordinarias", suscribe José Vicente Morote, que cree que hay que solucionar el olvido que pesa sobre los contratos de servicio "y, sobre todo, los de suministros". También reclama mecanismos más sencillos para que los licitadores puedan activar la revisión de precios y "también podría ampliarse, excepcionalmente, la relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios".

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