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Cuando José Vicente Morote (Valencia, 1972), socio director del despacho de abogados Andersen en España y Portugal, busca una palabra para definir la historia de su bufete la primera que se le viene a la boca es –curiosamente–“divertida”. Quizá por el ingenio al que ha tenido que recurrir esta firma para renacer de sus cenizas, después de haber protagonizado el mayor escándalo de la auditoría de la historia de Estados Unidos.

Fue en 2002 cuando Arthur Andersen –que por aquel entonces era una de las mayores auditoras a nivel mundial y participaba en el prestigioso grupo de las big five, que luego pasó a ser el de las big four, junto a Deloitte, PwC, EY y KPMG– fue condenada en EEUU por haber destruido 1,7 toneladas de documentos en las semanas previas a la quiebra de la energética Enron, que había tenido lugar el año precedente.

El escándalo no sólo acabó con esta compañía, con sede en Houston, sino que supuso el golpe de gracia para la auditora por el mayor fallo jamás cometido en el sector. Tres años después, sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos absolvió a la compañía porque las pruebas en las que se había basado el Jurado eran “demasiado vagas”. 

Muchos de los trabajadores que perdieron por entonces su puesto (la firma pasó de contar con una plantilla de 28.000 empleados a apenas 200) son los que una década después, concretamente en 2013, relanzaron la firma en Estados Unidos rebautizada como Andersen, a secas, dedicada únicamente a la abogacía y la consultoría fiscal. Atrás quedaba el ‘Arthur’ que se asociaba a la auditoría, una disciplina vetada para siempre.

“Unos socios de la antigua Arthur Andersen se quedaron con los derechos de la marca y decidieron esperar hasta que el nombre fuera limpiado para relanzar la marca a nivel mundial. Pero ya no hacemos auditoría, hacemos tax (fiscal) y legal (abogacía), tenemos un proyecto para desarrollar la pata de consultoría a nivel mundial, pero lo que no haremos nunca será auditoría. Eso lo tenemos en el ADN porque fue la causa de la caída de Arthur Andersen, hemos aprendido y no volveremos a incidir en el mismo error”, asegura Morote en una entrevista con Actualidad Económica desde su despacho en la calle Velázquez de Madrid. 

Diez años después la firma tiene presencia en 170 países, y en España –el segundo mercado para la empresa por detrás de Estados Unidos– ha logrado pasar de ser una empresa familiar a un bufete institucionalizado con socios, y de unos ingresos de 10 millones de euros en 2017 a 50,3 millones a cierre de 2023. La plantilla actual es de 444 trabajadores: 353 profesionales (74 de ellos, socios) y 91 personas de soporte.

En esta trayectoria, que les lleva hoy a querer competir con los diez despachos de abogados más grandes del país, ha influido el crecimiento inorgánico –la compra de otros bufetes– y también el orgánico, y el socio director asegura que la sombra del ‘caso Enron’ no ha influido en absoluto: “Las empresas con las que trabajamos comparten que se hizo una injusticia y nos quieren a ayudar (...) Y cuando vamos a ver a algún director general de empresas del Ibex 35 con las que trabajamos, pues encontramos empatía más que rechazo”, asegura su responsable en España. 

A diferencia de la tendencia a la concentración que existe en otros despachos, Andersen tiene bastante presencia en todo el territorio peninsular, con oficinas en Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Barcelona, Lisboa y la voluntad de abrir este año en Bilbao, con lo que “cerrarían” su proceso de expansión ibérico: “Nuestro objetivo es crecer en torno a un 30% en Iberia en facturación. Normalmente si crecemos un 30% en facturación, crecemos un 18% en equipo, con lo cual vamos mejorando la rentabilidad del despacho (...) La idea es que dentro de tres años podamos estar en una facturación de cerca de 100 millones”, confía.

Esta presencia territorial contrasta con la percepción que tiene el socio director de Andersen sobre lo que está ocurriendo en el país: “España está viviendo un proceso de centralización de las élites económicas y sociales, que están ejerciendo una fuerza centrípeta hacia lo que es Madrid”. Esto lo explica, por un lado, por la fiscalidad: “En impuestos hay muchas diferencias entre autonomías. Hemos tenido muchas consultas durante estos últimos años de gente que quiere venir a Madrid. Ahora en Andalucía se han bajado muchos los impuestos y en la Comunidad Valenciana están en ese proceso, con lo que gente que quería venir ya no tiene tantas ganas. Pero gente de Cataluña sí que quiere venir aquí, porque ha habido diferencias de 9 puntos en el IRPF”. 

Un segundo factor, después de los impuestos, está en el clima empresarial: “Los mensajes hacia las empresas de confort, de estar pendientes, de tratar de ayudar más que de ver al empresario como una contraparte. El ver al empresario casi como alguien que está en tu mismo lado influye mucho. Yo creo que en eso Madrid ha sido ejemplar y que los mensajes del gobierno autonómico calan”, dice en alusión a la gestión de Isabel Díaz Ayuso.

Para los próximos años espera que la población madrileña siga aumentando, no sólo por la llegada de españoles de otras autonomías, sino también por la inmigración procedente de Latinoamérica: “El boom no ha pasado todavía. España es un país donde la gente le gusta estar, donde se puede invertir, donde hay seguridad jurídica, donde hay seguridad ciudadana y donde la gente quiere estar. Hoy te das un paseo por el Barrio de Salamanca y escuchas hablar español con diferentes acentos. Es algo positivo. Los mexicanos con grandes patrimonios antes iban a Estados Unidos, sobre todo a Houston, pero cuando Trump construyó el muro frente a México empezaron a venir aquí. También vienen venezolanos, peruanos... cada vez que hay un país latinoamericano con algo de convulsión se acentúa el proceso”, apunta.

Tras alabar la “seguridad jurídica” del país, Morote se desdice un poco al criticar ciertas acciones del Gobierno: “Ahora hay un problema porque la separación de poderes está en entredicho y por el tema del lawfare, la utilización masiva de los decretos leyes, la utilización de sanciones no tributarias que tienen que pagar las empresas y que no pasan por un proceso como el que podría ser el de un tributo. La concentración de poder en el Ejecutivo, la pérdida de poder del Legislativo y la supervisión o la intervención en el Poder Judicial pues evidentemente preocupa”, sentencia. 

“El tema del lawfare nos ha preocupado a todos los juristas, no porque venga de un partido que está en la amnistía, sino por lo que significa de confusión entre los poderes, y eso sí que nos genera preocupación. Creo que debería de haber un Pacto de Estado de respeto a la separación de poderes. Creo que la politización de la Justicia es un problema, tenemos el Consejo General del Poder Judicial bloqueado, tenemos un observador internacional que nos está diciendo cómo tenemos que elegir nuestro propio CGPJ, pues eso deja a España en una posición muy poco seria”, lamenta.

Morote, quien fue elegido socio director en enero de este año, explica que el momento político que atraviesa ahora mismo la Unión Europea era muy favorable para España, pero que el país no está sabiendo aprovechar la oportunidad: «Para España podría ser un momento fantástico porque en Francia va a haber un ascenso muy muy grande la derecha radical y parece ser que puede ser que Le Pen puede llegar a ser presidenta.En Alemania van a tener sus problemas de gobernabilidad, en Italia tienen problemas de gobernabilidad también... podríamos ser un ejemplo de ordenación, de ser un país ordenado haciendo las cosas bien y yo creo que puede ser una oportunidad perdida si entramos en estas discusiones políticas en vez de centrarnos en los asuntos europeos», apunta.

Pese a estas cuestiones políticas, considera que España es un buen lugar para invertir y cree que el futuro a corto y medio plazo seguirá permitiendo que su despacho crezca hasta a estar en el top 10 nacional.

Puede leer el artículo en la Revista Actualidad Económica de El Mundo.