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La norma sobre apartamentos y viviendas de uso turístico debe defender a los usuarios, respetar a los vecinos y asegurar la libre competencia
| Noticias | Derecho Público y Regulatorio
El régimen para la regulación de apartamentos y viviendas de uso turístico “dista mucho de ser claro, pese a lo que sería aconsejable, y lo más oportuno sería que las Administraciones con competencias regulatorias sobre la materia se pusieran de acuerdo en la definición de una normativa que pudiera, a la vez, defender a los usuarios, respetar a los vecinos y asegurar la libre competencia”.
Así lo puso de manifiesto el socio director del área de Derecho Público y Regulatorio de Andersen Tax & Legal, José Vicente Morote, durante la jornada sobre la nueva regulación de los apartamentos y viviendas de uso turístico en Madrid organizada por la firma, en la que participaron la directora general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Blanco, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, y el también socio de Andersen Tax & Legal, Antonio Ñudi.
Durante el evento, se abordó el debate legal que enfrenta a los diferentes gobiernos locales y autonómicos, que intentan regular esta alternativa al alojamiento tradicional que comenzó como respuesta a la demanda de comercio colaborativo en épocas de crisis y se ha convertido en un negocio que mueve cientos de millones de euros cada año.
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, se refirió a los porcentajes de turista por habitante existente en distintas zonas de Madrid y aseguró que el objetivo es conseguir una ciudad mixta para mantener una población estable combinando el tejido vecinal con el turismo.
Por su parte, la directora general de Turismo, marta Blanco, recordó que la Comunidad de Madrid fue la primera en regular el uso turístico de apartamentos y viviendas en 2014 y que ahora la realidad ha cambiado y debe modificarse. En cuanto a la nueva propuesta, enumeró importantes consideraciones que recoge el decreto, como el certificado de idoneidad de las viviendas, las capacidades máximas alojativas o el seguro de responsabilidad civil, entre otros, y aseguró que busca un planteamiento realista, con vocación de permanencia y que garantice la seguridad jurídica.
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