La ciberseguridad de la información, las redes, sistemas y datos se han convertido en una preocupación global que afecta de forma transversal a todas las actividades económicas o jurídicas, y en general a las sociedades e individuos en sus actividades más relevantes o más cotidianas. Los ataques e incidentes relacionados con la ciberseguridad de redes y sistemas, son una preocupación global no solo por el volumen e importancia que están alcanzando, sino por la velocidad a la que aumentan año tras año. Según Accenture, se estima que los costes directos e indirectos del cibercrimen a nivel mundial para el período 2019‐2023 alcanzarán los 5.2 trillones de dólares. Según McAfee, en 2021 los costes de los ciberdelitos se incrementarán en un 50% con respecto al 2018 total y pasarán a representar ya el 1% de DDP global.

No obstante, esas cifras probablemente se verán superadas por los efectos de la pandemia de covid‐19 que ha supuesto que las sociedades occidentales hayan iniciado procesos de trasformación digital masivos, acelerados e improvisados, de forma tal que se ha aumentado de forma exponencial la superficie de ataque a la misma velocidad que aumentábamos nuestra actividad digital en empresas y hogares. Entre las muchas consecuencias económicas, comerciales internacionales y sociales que ha traído la pandemia hay una indudable: existe una nueva percepción del riesgo en las sociedades occidentales. Se produce un cambio de paradigma que supone la búsqueda de seguridad y certezas. Las empresas y ciudadanos han percibido con claridad la total dependencia de las tecnologías digitales y las cuestiones relativas a la ciberseguridad se han convertido en centro de atención para la opinión pública: fraude online, phishing, desinformación, identidad digital, teletrabajo, reconocimiento facial, seguimiento digital, Inteligencia Artificial…

El Arbitraje nacional e internacional no es ajeno a esta tendencia, en un contexto en el que la pandemia covid‐19 ha venido a aumentar la digitalización y tramitación en remoto de los procedimientos de arbitraje.

De ahí, que surjan regulaciones tendentes a asegurar dicha ciberseguridad así como protocolos y otras normas de soft law que buscan la aplicación del contenido de dichas regulaciones en el contexto de los procedimientos arbitrales. 

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