Preocupación y sorpresa entre los expertos del sector agroalimentario y las patronales sectoriales ante la iniciativa de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de reunirse, junto con el ministro de Consumo, Alberto Garzón para fijar una cesta de la compra "básica, absolutamente legal y que no vulnere el derecho de la competencia". 

La vicepresidenta segunda ha explicado que se trata de fijar una serie de productos - entre 20 o 30- que se garanticen a la ciudadanía. "No se trata de una ley, es un acuerdo y no vulnera el derecho de la competencia", ha explicado Díaz a los medios. 

Para Jose Miguel Soriano, socio responsable del área agroalimentaria del despacho internacional Andersen en España, es importante conocer el documento del Gobierno para hablar con propiedad. Lo que se ha propuesto como fijación de un tope máximo de 20 y 30 productos de la cesta de la compra, pero poco se sabe más para que nos pronunciemos a fondo. 

Este jurista recuerda que la fijación de unos topes de precio es algo muy sensible desde el punto de vista de la competencia. La propia Constitución Española en su articulo 38 habla de que nuestro pais es una economía de mercado, donde hay libertad de empresa y de fijación de precios. Si hay una intervención del mercado hay derechos que se infringen.

A este respecto Soriano recuerda que la ministra Díaz ha hablado más de un acuerdo entre los operadores del sector, porque legalmente la intervención de precios no se puede hacer, asi lo señala la normativa nacional, Ley de Defensa de la Competencia lo prohíbe. Cualquier acuerdo de precios sobre este asunto también va a estar cuestionado.

Este experto recuerda que la CNMC se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la competencia en el sector agroalimentario. En el 2010 emitió un informe sobre analizaba la problemática de esta industria desde el derecho de la competencia y apelaba a la doctrina de la UE que no solo prohíbe que los particulares concerten precios sino que también que cualquier actuación de la administración vaya en ese sentido de fijación de precios.

Otra cuestión que señala este jurista es que recientemente se aprobó la Ley de la cadena agroalimentaria que expresamente prohíbe que la distribución pueda vender por debajo de los costes de producción. Es una escalada de precios como la actual tendría que respetar esta norma y no vender a pérdidas, asunto que debe tenerse en cuenta.

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