La Dirección General de Tributos (DGT) es un órgano tan importante como desconocido en el ámbito fiscal. Por el organismo, pasan las redacciones de las propuestas tributarias, y también se encarga de aclarar las dudas que surjan al interpretar las normas. Pero estas respuestas están llegando más tarde que nunca, generando incertidumbre en las empresas y en los altos patrimonios.

La Ley General Tributaria recoge el derecho de los contribuyentes a formular a Tributos consultas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda, según los artículos 88 y 89. La contestación a estas consultas tributarias escritas, señala la norma, debe realizarse en el plazo de seis meses y “tendrá efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria”.

El asunto de las demoras llegó a plantearse ante el defensor del pueblo en 2017, pero no se ha pronunciado, y el tema se ha agravado con el covid. “Tenemos alguna consulta que presentamos ya en mayo de 2019 y seguimos sin tener noticias, más allá de que continúa en tramitación. Se da la circunstancia de que en este caso es una consulta que se planteó por parte de un cliente extranjero que tiene actividades en España. Está bastante sorprendido con la falta de diligencia de las autoridades españolas”, comenta, con otro ejemplo, María Olleros, socia de Andersen. “Se trata de un mecanismo que habilita la propia normativa tributaria en aras de evitar la conflictividad y de mejorar la seguridad jurídica, y no está funcionando como debería”, remacha.

El artículo completo en El Confidencial.