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El Tribunal Supremo señala que la Administración Tributaria solo podrá ampliar el alcance de sus actuaciones de comprobación limitada cuando lo comunique con carácter previo al plazo de alegaciones

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El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el momento en el que le resulta posible a la Administración tributaria ampliar el alcance de sus actuaciones en los procedimientos de comprobación limitada

En una reciente sentencia publicada el pasado 3 de mayo de 2022, el Tribunal Supremo (“TS”) se pronuncia sobre el momento en el que le resulta posible a la Administración tributaria ampliar el alcance de sus actuaciones en los procedimientos de comprobación limitada.

En el caso de autos, al obligado tributario se le notificó, en el trámite de alegaciones y propuesta de liquidación, la ampliación del alcance de las actuaciones del procedimiento de comprobación limitada. El contribuyente entendió que dicha ampliación era contraria a lo dispuesto en el artículo 164.1 del Real Decreto 1065/2017, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria (“RGAT”), en concurrencia con los artículos 37 y 137 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (“LGT”).

El contribuyente recurrió la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (“TEAR”) de la Comunidad Valenciana sobre la liquidación practicada ante el Tribunal Superior de Justicia (“TSJ”) de dicha Comunidad.

El tribunal desestimó el recurso interpuesto por el obligado tributario y confirmó la liquidación practicada por la Administración tributaria, entendiendo que en el supuesto en concreto, la ampliación del procedimiento de comprobación limitada iniciado no se produce, tras la apertura del plazo de alegaciones, tal y como veta dicho precepto, sino en el momento de ser puesto de manifiesto el expediente al obligado tributario con la notificación de la propuesta de liquidación provisional para la formulación de alegaciones en el plazo de 10 días hábiles sin que, por ello, se produzca la vulneración de lo dispuesto en el precepto indicado y sin que, en definitiva, nos encontremos ante un vicio que pueda invalidar la resolución impugnada sin que se haya producido indefensión alguna al recurrente.

En otras palabras, el TSJ interpretó de forma extensiva este precepto, señalando que donde la norma preceptúa que la ampliación se produzca “con carácter previo”, permite también que esa ampliación lo sea “con carácter simultaneo”. Además, señalaba el tribunal que no se había producido indefensión al comprobado.

Ante esta interpretación disiente el TS, pues entiende que la expresión “con carácter previo” no puede admitir una interpretación diferente a la del propio sentido de las palabras, y expone, muy acertadamente que “previo” es “anticipado, que va delante o que sucede primero”, y que “previo” y “simultaneo” son términos incompatibles entre sí. Continúa señalando el Alto Tribunal, que la ampliación del alcance de las actuaciones por parte de la Administración, al mismo tiempo -no antes- y con ocasión de poner de manifiesto el expediente y de dar trámite de audiencia, en el mismo acto, sobre una propuesta de liquidación, no se limita a ser una irregularidad no invalidante, sino que es una infracción sustantiva de la letra y el espíritu de la ley formal, incluso del propio texto reglamentario que, al exigir el carácter previo, excluye cualquier ampliación que no lo fuera. Expuesto lo anterior, a la conclusión a la que llega el TS es a la de que, en garantía de los derechos del contribuyente reconocidos en los artículos 34.1.ñ) y 137 de la LGT, y al margen de toda consideración, la Administración tributaria solo podrá ampliar el alcance de sus actuaciones de comprobación limitada, de forma motivada por referencia al caso concreto, siempre que lo comunique con carácter previo –no simultaneo, ni posterior- a la apertura del plazo de alegaciones.

Además, el TS deja entrever su negativa con respecto a la utilización de este mecanismo para ampliar el alcance de los procedimientos de comprobación limitada, y es que brillantemente expone que el sentido de la norma reglamentaria es el de preservar el derecho subjetivo del expedientado a conocer, desde el primer momento, el alcance de las actuaciones. De ahí que no se prevea en el texto de los artículos 136 a 140 LGT –donde se regulan estos procedimientos– ampliación alguna de las actuaciones. A lo que añade que, las potestades de la Administración, cuando producen limitaciones de derechos, han de preservarse en la ley, si no de forma explícita, si al menos clara y concluyente, lo que dista de concurrir en el caso enjuiciado.

Sin duda, se trata otra de las muchas correcciones que vienen haciendo últimamente el Tribunal Supremo a la Administración tributaria que, en el caso en cuestión, decidió aplicar e interpretar una norma de la forma más beneficiosa para su causa cuando, al menos en este caso, la propia literalidad del precepto no daba lugar a duda o interpretación alguna, dando paso a la nulidad de las actuaciones practicadas.

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Para más información puede contactar con:

José María Cusí | Socio Derecho Fiscal

Luis Capitán | Asociado Sénior Derecho Fiscal

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