El Tribunal Supremo ha ordenado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que se pronuncie sobre las reclamaciones presentadas por los dueños de licencias VTC contra el conocido como decreto Ábalos, que acordó que las licencias VTC estatales solo eran válidas para circular entre municipios, pero no para trayectos urbanos. La normativa preveía una compensación en forma de plazo de cuatro años de duración en la que los dueños de las licencias podían mantener su actividad en trayectos urbanos, sin perjuicio de solicitar una indemnización complementaria en caso de estimarse necesario. 

En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de casación presentado por una sociedad del Grupo Auro, uno de los mayores tenedores de licencias VTC de España, según consta en una sentencia consultada por EXPANSIÓN, fechada el 12 de abril. Esta sociedad solicitó una indemnización complementaria a la Dirección General de Transporte Terrestre, dependiente del Ministerio de Transportes, tras la aprobación del decreto Ábalos que fue desestimada. Posteriormente fue recurrida al TSJM, que sin entrar en el fondo del asunto, señaló que era nula porque fue tramitada por el Ineco (personal no funcionario) y no por el Ministerio de Transportes, lo que le obligaba a presentar una nueva reclamación si quería ser indemnizado por el cambio regulatorio.

Esta sentencia del TSJM es la que acaba de ser anulada por el Supremo, que considera que la reclamación de la sociedad de Auro -y por extensión, de cualquier otro tenedor que siguiese el mismo procedimiento- fue correctamente tramitada, por lo que ahora el TSJM tiene que pronunciarse sobre la indemnización que le corresponde. Tanto la Abogacía del Estado como la Federación Profesional del Taxi de Madrid se habían opuesto a la estimación del recurso.

Primera sentencia

El Alto Tribunal considera que en determinadas circunstancias excepcionales, siempre y cuando la Administración no posea los medios para cumplir con sus obligaciones, puede acudir a la colaboración de un medio propio de la Administración, como hizo Transportes con Ineco, para tramitar las más de 15.000 reclamaciones presentadas por dueños de licencias VTC. Se trata de la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre las indemnizaciones del decreto Ábalos, aprobado por el Gobierno en 2018.

“La sentencia es crucial para el sector de las VTCs, ya que es el inicio del fin del largo proceso de reclamaciones de indemnización derivadas del conocido como decreto Ábalos y evita volver al punto de partida de las reclamaciones, con el alto impacto económico que esto supondría. Esperamos que también derive en una interpretación de la regulación que dé seguridad jurídica a todos los agentes implicados”, señalan Pedro Rubio, socio de Andersen, y Silvia del Saz Cordero, of counsel de la firma, que han llevado el asesoramiento de la sociedad de Auro.

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