El Gobierno está rescatando a empresas estratégicas de la crisis del coronavirus con préstamos participativos, una fórmula que, como su propio nombre indica, permite al Estado participar en la evolución de la empresa, cobrando un interés variable en función de sus resultados. Sin embargo, este tipo de deuda es una de las últimas en cobrarse en caso de que la empresa se declare insolvente y entre en concurso de acreedores.

"Cuando hay una situación concursal, se establece un orden de pago y los préstamos participativos cobran después de los acreedores comunes. En la práctica, como son de los últimos en cobrar, no suelen recuperar la totalidad del préstamo. De hecho, si recuperan una parte serán afortunados", explica Ignacio Aparicio, socio director del área mercantil de Andersen.

Es "como un préstamo blando" para quien lo recibe, dice Aparicio, pues "permite incrementar la capacidad de endeudamiento de la sociedad, tiene unos plazos de amortización y carencia más elevados y adecúa el pago de intereses en función de la evolución de la sociedad".

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