La ley Helms-Burton, activada de nuevo tras más de 20 años paralizada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en un intento de estrechar el cerco contra la isla de Cuba, no sólo afecta a las empresas extranjeras operando en la isla, va más allá de exigir indemnizaciones por operar con bienes confiscados.

En una última instancia permite al Gobierno norteamericano impedir la entrada en el país a todos los directivos y accionistas mayoritarios cuyas compañías hayan sido demandadas o estén en una batalla judicial a raíz de la activación de la normativa, así como congelar todos los activos de dichas empresas tengan en Estados Unidos.

Ignacio Aparicio, socio de Andersen Tax & Legal y director del Cuban desk de la firma, afirma en el reportaje que “lo que permite la ley es entablar una demanda por daños, no va a haber una pérdida de los terrenos, sino una reclamación por daños por traficar con terrenos cuyos propietarios son ciudadanos estadounidenses”.

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