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EE UU amenaza con multas millonarias a cuatro cruceristas en Cuba

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Ignacio Aparicio Ramos, director del Cuban Desk de Andersen, explica en Cinco Días las consecuencias económicas a las que se enfrentan las empresas demandadas acusadas por ‘traficar’ con la terminal de cruceros de La Habana entre 2016 y 2019, un bien confiscado por el régimen de Fidel Castro desde 1960.

Un juzgado de Florida ha desestimado los recursos presentados por cuatro grandes navieras (Carnival, MSC, Norwegian y Royal Caribbean) a la demanda de Havana Docks Corporation, una firma estadounidense que las acusa de ‘traficar’ con la terminal de cruceros de La Habana entre 2016 y 2019, ya que se trata de un bien confiscado por el régimen de Fidel Castro desde 1960.

La decisión provocará que se celebre un juicio con jurado en mayo, en el que las empresas corren el riesgo de verse obligadas al pago de una indemnización millonaria.

Ignacio Aparicio, director del Cuban Desk de Andersen, recalca que al ser una reclamación certificada por el Departamento de Justicia de EE UU, el valor de la indemnización podría superar los 10 millones de euros (si el tráfico se limita a los tres años demandados) e incluso multiplicarse por tres hasta los 30 millones de euros si se prueba que en esos tres años se siguió traficando con los bienes. “La jueza desestimó los recursos de las compañías al contrastar que hicieron uso de la terminal expropiada con fines turísticos a cambio de rendimientos económicos, por lo que cometieron actos de tráfico”, asegura Aparicio.

Asimismo destaca el hecho de que las demandadas tuvieran conocimiento de la Ley Helms Burton desde 1996 y que pudieran haber tenido conocimiento de la reclamación conlleva a que sus acciones se califiquen bajo el tipo de “a sabiendas e intencionadamente” pues continuaron empleando dicha terminal hasta mayo y junio de 2019.

El capítulo tercero de la ley Helms-Burton, que regula el embargo estadounidense en Cuba, facultaba a cualquier ciudadano de EE UU a demandar en los tribunales a cualquier persona o entidad que hubiera “traficado” con activos nacionalizados por el régimen de Fidel Castro. Ese capítulo se mantuvo sin activar durante las presidencias de Bill Clinton, George W.Bush, Barack Obama e incluso durante la primera parte de la legislatura de Donald Trump. Ya en la segunda optó por activarlo y eso provocó un alud de 14.000 demandas (8.000 certificadas por el Departamento de Justicia de EE UU y otras 6.000 sin certificar) que afectaron a empresas extranjeras que operaban en territorio cubano. El director del Cuban Desk de Andersen destaca, no obstante, el escaso recorrido judicial que han tenido hasta el momento. A finales de 2021 solo había 36 demandas en curso, de las que cuatro se habían desestimado y el resto estaba en apelación. “No se ha condenado a nadie por traficar con bienes, pero sí se aprecia un mayor temor en las empresas a la hora de invertir en Cuba. Se lo piensan mucho más y tienen que analizar en profundidad las consecuencias que puede traer”.

Puede leer el artículo completo en Cinco Días.

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