Cuando todavía suenan los ecos de la visita de los Reyes de España a Cuba con motivo del 500 aniversario de la fundación de La Habana, visita llena de gestos de apoyo al país y a los empresarios españoles que comercian con la isla, el bloqueo comercial estadounidense está alcanzando un momento álgido este noviembre, mes en que se cumplen seis meses de la activación el pasado 2 de mayo del Título III de la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática de 1996 (Helms-Burton), que autoriza a los estadounidenses a demandar frente a las cortes federales a quienes, con independencia de su nacionalidad, “trafiquen” con bienes confiscados por el Estado cubano tras la revolución de Castro.

En pleno proceso de impeachment a Trump, con la proximidad de las elecciones presidenciales en noviembre de 2020 y siguiendo el dicho “todos los caminos a la Casa Blanca comienzan en Florida”, las medidas adoptadas contra Cuba podrían todavía recrudecerse en su estrategia para captar el voto republicano en ese estado.

Recordar que, a partir del 10 de diciembre, quedan prohibidos los vuelos de líneas estadounidenses a todas las ciudades cubanas, salvo aquellos con destino a La Habana. El fin de esta medida es atacar el turismo y evitar que el gobierno cubano acceda a divisas de viajeros estadounidenses. Recordar que en junio ya se prohibieron los viajes de barcos de pasajeros y buques recreativos estadounidenses a Cuba, medida que ha afectado a gran número de compañías, entre las cuales se encuentran Carnival Cruise Line o Royal Caribbean.

Asimismo, en octubre entró en vigor un nuevo límite a las remesas a Cuba desde Estados Unidos, reduciéndolas a 1.000 dólares por persona y trimestre, prohibiendo además las que se realicen a familiares de funcionarios y miembros del Partido Comunista de Cuba.

Este pasado miércoles se añadieron además otras cinco nuevas entidades (hoteles y resorts) a la Cuba Restricted List “lista negra” del Departamento de Estado, que relaciona las entidades cubanas con las que existe prohibición de realizar transacciones financieras, entre ellas, gran cantidad de hoteles de las cadenas Iberostar, Meliá o Kempinski.

Sigue planeando el fantasma de que el Gobierno de Trump vuelva a incluir a Cuba dentro de la lista de los países patrocinadores del terrorismo, de la que Obama la sacó en 2015. La inclusión en dicha lista supondría, entre otros, la persecución de las transacciones financieras entre la isla y bancos de terceros países mediante la imposición de multas multimillonarias, como fue el caso de BNP Paribas en 2014, por realizar transacciones con Irán, Sudan y Cuba.

Pero la activación del Título III de la Ley Helms-Burton ha sido, sin duda, la medida “estrella” de Trump. Si bien la ley entró en vigor en 1996, el rechazo internacional que su Título III produjo, llevó a que aquel fuera continua y sucesivamente desactivado por los presidentes estadounidenses, hasta Trump.

La posibilidad de demandar bajo dicho Título ha supuesto en seis meses el desencadenamiento de una serie de acciones judiciales cuyo balance habla por sí solo: hasta la fecha se han presentado 20 demandadas: 16 en Florida, 1 en Washington DC y otra en Washington State, 1 en Nevada y 1 en Delaware. Se estima que intervienen 25 firmas legales, 73 demandantes y 67 demandados, se han solicitado 4 demandas colectivas y por lo menos 5 empresas más han sido notificadas y pasarán a tener la condición de demandadas si no alcanzan un acuerdo. Entre las actualmente demandadas, se encuentran empresas como Amazon, American Airlines, BBVA, Carnival, Expedia, Kayak, Melia, Tripadvisor y Trivago, entre otras. 

Además, pese a que las empresas no involucradas en estos procesos no deberían tener problema en continuar con sus actividades en la isla, el temor a posibles represalias del entorno estadounidense es contagioso y se viene apoderando de entidades financieras que hasta la fecha venían trabajando con clientes en sus operaciones con Cuba. Ello agrava la falta de liquidez en divisa y el problema del retraso en los pagos

Asimismo, inversores en Cuba (incluidas empresas españolas) están ya recibiendo notificaciones en el sentido amenazado por el gobierno estadounidense el pasado abril, bajo el Título IV de la citada Ley que permite la denegación de visado y exclusión de los EE.UU. a directivos de entidades contra las que pese reclamación por propiedades confiscadas, sus cónyuges o hijos menores de edad.

Frente a lo anterior, la reacción de la diplomacia y de la UE no está siendo todo lo efectiva que debiera. El Reglamento 2271/96 protege a sus nacionales de los efectos de la Helms Burton en territorio europeo, pero no a los activos o intereses que las afectadas en territorio estadounidense puedan tener. Tras los infructuosos esfuerzos diplomáticos para proteger las inversiones de sus nacionales, parece que sólo una nueva demanda ante la Organización Mundial del Comercio puede presentarse como la vía más contundente contra EEUU. Este pasado jueves, la ministra Reyes Maroto volvió a urgir a la Comisión Europea dicha medida.

Habrá que esperar acontecimientos, nuevas medidas de EEUU, respuesta de la comunidad internacional y sobre todo si el resultado de las elecciones norteamericanas supone una vuelta a la tendencia iniciada por Obama, ya que no se espera que la posible destitución de Trump en base al impeachment, en caso de ser aprobada, suponga cambio en la línea de las medidas adoptadas contra Cuba.

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