Desde errores en el procedimiento o la acreditación de prescripción en la actuación administrativa hasta la imputación al contribuyente de retrasos en el procedimiento o el cuestionamiento de la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades (IS) de los intereses de demora liquidados en actas de inspección. Estos son sólo algunos ejemplos de los casos por los que empresas y particulares consiguen ganar a Hacienda en los litigios.

Para Tomás Rivero, socio de fiscal de Andersen, es posible resumir en dos circunstancias los condicionantes para que los clientes puedan obtener un resultado favorable. El experto se refiere a las cuestiones de fondo y las procedimentales. Las primeras son errores interpretativos de la normativa y las segundas pasan por la falta de motivación de las conclusiones de la Administración que causan indefensión, errores de notificación o cuestiones de plazo. Dentro de los casos que más ven en Andersen están los relacionados con comprobaciones de valor, imputaciones de retrasos en el procedimiento cuando el procedimiento inspector excede los plazos marcados por la ley y errores en la notificación. Sobre comprobaciones de valor, Rivero destaca la tributación en casos de venta de inmuebles o herencias y, en cuanto a los errores de notificación, señala que durante el estado de alarma “ha sido habitual que se pudieran tumbar las diligencias de embargo y providencias de apremio por errores en el procedimiento de notificación”. Son casos en los que “el cliente no tenía conocimiento de nada hasta recibir el embargo”. 

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