En España y Portugal, estas organizaciones constituyen una parte esencial del tejido social, movilizando recursos, conocimiento y personas en favor del bien común.
Sin embargo, a medida que crece su impacto, también aumenta el nivel de exigencia por parte de financiadores, donantes, beneficiarios, entidades públicas, socios institucionales, colaboradores y de la sociedad en general. La confianza, principal activo de cualquier organización sin ánimo de lucro, ya no deriva únicamente de la relevancia de su misión. Depende cada vez más de la forma en que dicha misión se desarrolla, gestiona y comunica.
En este contexto, los conceptos de ESG (Environmental, Social and Governance) y Compliance han dejado de pertenecer exclusivamente al ámbito empresarial para consolidarse como instrumentos fundamentales de sostenibilidad, credibilidad y buen gobierno también en el tercer sector.
Una agenda común para el tercer sector ibérico
El sector fundacional ibérico atraviesa un momento de profunda transformación.
Tanto en Portugal como en España se observa una creciente profesionalización de las estructuras de gobierno, una mayor preocupación por la medición del impacto social y ambiental de las iniciativas desarrolladas y un refuerzo de las exigencias de transparencia y rendición de cuentas.
En Portugal, este proceso encuentra reflejo directo en la Lei-Quadro das Fundações (Ley n.º 24/2012, de 9 de julio), que impone a las fundaciones obligaciones expresas de publicación de informes anuales de actividades y cuentas, aprobación de códigos de conducta y puesta a disposición de información al público. En España, un marco equivalente se encuentra recogido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que establece obligaciones, entre otras, en materia de transparencia y gestión económico-financiera.
Con independencia de las particularidades jurídicas existentes en cada ordenamiento, la realidad es clara: los stakeholders esperan hoy organizaciones más transparentes, más responsables y mejor preparadas para identificar, gestionar y mitigar riesgos.
En este nuevo contexto, el ESG surge como un lenguaje común entre fundaciones, asociaciones, empresas, mecenas, administraciones públicas y financiadores internacionales. Más que una tendencia, representa una nueva forma de comprender la creación de valor institucional.
ESG: mucho más que unas siglas
Aunque frecuentemente se asocia a las grandes empresas, el ESG posee una relevancia particular para las organizaciones del tercer sector, precisamente porque estas ya incorporan, por naturaleza, una misión de impacto positivo. El ESG les proporciona una estructura para demostrar ese impacto con rigor y credibilidad.
En la dimensión ambiental (E), permite integrar preocupaciones relacionadas con el uso eficiente de los recursos, la reducción del impacto ambiental de las actividades y la promoción de prácticas sostenibles. Una fundación cultural que monitoriza su huella de carbono o una asociación social que adopta una política de movilidad sostenible ya está aplicando principios ESG concretos.
En la dimensión social (S), refuerza la coherencia entre la misión institucional y los resultados efectivamente alcanzados en las comunidades y grupos beneficiarios. Se trata de medir el impacto real, no solo de declararlo.
En la vertiente de gobernanza (G), promueve estructuras de decisión más transparentes, mecanismos adecuados de supervisión, prevención de conflictos de interés y una cultura organizativa basada en la ética y la responsabilidad.
Para instituciones cuya legitimidad depende de la confianza pública, esta última dimensión reviste una importancia especial.
Compliance: una herramienta de gestión y protección institucional
La implantación de programas de compliance no debe contemplarse únicamente como una respuesta a obligaciones legales. En realidad, estos programas constituyen instrumentos esenciales de gestión y protección institucional.
En Portugal y en España, la creciente complejidad normativa en materias como la prevención de la corrupción, la protección de datos, los canales de denuncia, la prevención del blanqueo de capitales y la responsabilidad de los órganos de gobierno exige a las organizaciones una atención creciente a los mecanismos internos de control y supervisión.
El marco regulatorio evoluciona en la dirección de exigir estructuras de gobierno más sólidas, transparentes y alineadas con una cultura efectiva de cumplimiento y gestión del riesgo.
Pero el verdadero valor del compliance va mucho más allá de la mera conformidad legal. Un programa eficaz permite:
- Reforzar la confianza de donantes y financiadores;
- Prevenir riesgos legales, reputacionales y financieros;
- Mejorar la calidad de los procesos de toma de decisiones;
- Promover una cultura organizativa ética;
- Incrementar la transparencia y la accountability;
- Preparar a la organización para procesos de auditoría y evaluación externa.
En definitiva, el compliance contribuye a crear organizaciones más resilientes, sostenibles y preparadas para afrontar los desafíos del futuro.
Los stakeholders exigen evidencias, no solo intenciones
Los financiadores, públicos y privados, buscan hoy organizaciones capaces de demostrar no solo impacto social, sino también capacidad de gestión, gobernanza y sostenibilidad.
Del mismo modo, las empresas que desarrollan programas de responsabilidad social corporativa o estrategias de inversión social valoran socios que presenten elevados estándares de transparencia y responsabilidad institucional.
La pregunta ya no es únicamente:»¿Cuál es la misión de la organización?» También es: «¿Cómo gestiona esa organización sus recursos, toma decisiones, controla riesgos y demuestra el impacto de su actividad?»
Esta exigencia de evidencias tiene consecuencias prácticas inmediatas. Las organizaciones que logran demostrar, de forma transparente y medible, el impacto de su actividad tienden a generar mayores niveles de confianza y a fortalecer sus relaciones con financiadores, socios estratégicos y beneficiarios.
En este contexto, instrumentos como los informes de impacto y de reporte, los códigos de conducta, las políticas de conflictos de interés, los canales de denuncia, los mecanismos de protección de datos o los planes de gestión de riesgos adquieren una importancia creciente.
Una visión estratégica que va más allá de las obligaciones regulatorias
Los recientes debates europeos en torno a la simplificación de las normas de sostenibilidad, incluida la denominada Stop-the-Clock Directive (Directiva (UE) 2025/794), han introducido un aplazamiento de determinados plazos de aplicación relacionados con obligaciones de reporte de sostenibilidad y deberes de diligencia debida para determinadas categorías de entidades.
Sin embargo, sería un error interpretar esta evolución como una señal de retroceso en la importancia de los criterios ESG.
La Stop-the-Clock Directive no ha modificado los principios fundamentales que están en la base de la transformación regulatoria europea. Simplemente ha concedido más tiempo de adaptación a determinados operadores económicos.
Las organizaciones del tercer sector, que en su mayoría no se encuentran dentro del ámbito de aplicación directa de estas directivas, no deben extraer de ello ninguna conclusión que implique una reducción de las expectativas por parte de sus stakeholders o financiadores.
La tendencia de fondo permanece inalterada: la sostenibilidad, el buen gobierno, la transparencia y la responsabilidad seguirán ocupando un lugar central en la evaluación de las organizaciones por parte de inversores, financiadores, donantes, socios institucionales y reguladores.
Para las fundaciones y entidades del tercer sector, esta pausa regulatoria debe entenderse como una oportunidad para prepararse, y no como un motivo para aplazar iniciativas de mejora organizativa.
El stop-the-clock regulatorio no debe, por tanto, significar un stop-the-commitment institucional.
Diez medidas ESG que cualquier entidad del tercer sector debería incorporar a su agenda: ahora
- Aprobar un Código Ético y de Conducta.
- Adoptar una Política de Conflictos de Interés.
- Implantar un Canal de Denuncias adecuado a la dimensión de la organización.
- Publicar un Informe Anual de Impacto, reportando su alineamiento con la sostenibilidad.
- Definir indicadores ESG simples y medibles.
- Reforzar la transparencia financiera y la rendición de cuentas.
- Promover la diversidad y la inclusión en los órganos de gobierno.
- Revisar los procedimientos relacionados con la protección de datos y la seguridad de la información.
- Impulsar formación periódica en ética, gobernanza y compliance.
- Integrar el ESG en la estrategia institucional y en los procesos de toma de decisiones.
En Conclusión
España y Portugal cuentan con una larga tradición fundacional, filantrópica y asociativa. El desafío de las próximas décadas no será únicamente aumentar el impacto social de estas organizaciones, sino garantizar que dicho impacto se sustenta en modelos de gobierno sólidos, transparentes y capaces de generar confianza.
El ESG y el compliance representan hoy mucho más que un conjunto de requisitos o buenas prácticas. Son instrumentos de credibilidad, sostenibilidad y creación de valor institucional.
En un contexto en el que los recursos son cada vez más disputados y la confianza cada vez más valiosa, las organizaciones que inviertan hoy en transparencia, ética y buen gobierno estarán mejor preparadas para cumplir su misión mañana.
Porque, en el tercer sector, la confianza sigue siendo el activo más importante. Es, por tanto, algo que debe construirse diariamente a través de la transparencia, la integridad, la responsabilidad y el buen gobierno.
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