La pandemia por Covid-19 ha acelerado el proceso de digitalización de la sociedad. Al mismo tiempo, los riesgos asociados a este nuevo contexto acechan cada vez más intensamente a empresas, Administraciones públicas y ciudadanos. Los profesionales jurídicos tienen mucho que decir en este campo. En primer lugar, a través del marco regulatorio protector. Por otro lado, adaptándose a los nuevos tiempos usando la tecnología para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. De estos dos retos se habló durante la segunda jornada del VI Congreso Nacional de Registradores, celebrado la semana pasada en Valladolid bajo la temática de Humanismo y tecnología al servicio de la sociedad.

Marco regulatorio

Los expertos en ciberseguridad participantes señalaron los mandamientos básicos para resguardarse de las amenazas. “Lo digital es una fuente continua de generación económica que tiene un reverso: los incidentes de seguridad”, apuntó Vicente Moret, of counsel de Andersen. El cambio de paradigma está en que en el mundo analógico es el Estado el que proporciona seguridad, en el digital “son las empresas las que deben procurársela”, argumentó el experto.

En este sentido, ya hay un marco regulatorio maduro, europeo y nacional, que impone distintas obligaciones: certificaciones, protección de datos o leyes penales de lucha contra la delincuencia. En el nuevo contexto, anunció Moret, “hemos sobrepasado el mero enfoque de cumplimiento formal”. La normativa que viene, aseguró, se centra más en los procesos y en las personas para protegerlas de estos riesgos. Por ejemplo, el reglamento europeo DORA impondrá nuevas exigencias a las entidades financieras en la gestión de estos peligros.

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