La Ley de la cadena alimentaria entrará en vigor en cuestión de días y varias normas más están a punto para salir en los próximos meses.

A punto de terminar el año, varias leyes que afectan directamente al sector de la alimentación y la distribución de alimentos están a punto de salir. La más inmediata es la Ley de la Cadena Agroalimentaria, que acaba de salir del Senado y solo falta su ratificación en el Congreso, que podría producirse antes de fin de año. Ya hay anteproyectos también de la ley contra el desperdicio alimentario y la que regula los envases, mientras que el Gobierno ha abierto la posibilidad de limitar por ley la publicidad de bebidas y alimentos azucarados.

La más inminente, la de la cadena agroalimentaria, ha llevado dos años de tramitación, un periodo amplio en el que se han ido introduciendo enmiendas hasta su paso por el Senado. Este es el texto tal como ha salido de la cámara baja, la semana pasada. El punto más relevante es que se prohíbe la venta a pérdidas de productos agroalimentarios. Esto supone que no se puede vender por debajo de los costes efectivos de producción en ningún eslabón de la cadena agroalimentaria. Esta limitación ya se había establecido el año pasado a través de un real decreto ley, pero no se había desarrollado.

El punto más polémico ha sido la determinación de cuáles son esos costes efectivos de producción, ya que no es sencillo cuantificarlos, ni mucho menos unificarlos. También se establecen excepciones, como las ofertas para vender alimentos a punto de caducar, y así evitar el desperdicio.

También responde a la aplicación de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales, aunque buena parte de lo que Europa señala en esa norma ya estaba en la anterior ley alimentaria española, de 2013.

Por su parte, José Miguel Soriano, socio de Andersen, asegura que esta ley va a traer consigo inseguridad jurídica y que se trata de una intervención en la libertad de mercado, que probablemente será fuente de conflictos. Este jurista destaca que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya emitió un informe en mayo en el que advertía de este tema y del riesgo de que puede crear "alineamientos de precios", que sería una práctica contra la competencia.

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