El pasado 5 de febrero, el demócrata estadounidense Ron Wyden, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, presentó un proyecto de ley, la "Ley de Comercio entre Estados Unidos y Cuba de 2021", cuyo objetivo último es dejar sin efecto toda una serie de disposiciones legales que afectan al comercio, la inversión y los viajes con Cuba, con el fin de avanzar decididamente en el restablecimiento de las relaciones comerciales con la isla.

De esta forma, el Senado demócrata estaría orientando a la nueva Administración Biden a que lleve a cabo, en este mandato y de manera resuelta, la reconciliación en el negocio entre ambos países, en un momento en que se está valorando qué medidas de la Administración Trump hay que revertir y en qué orden.

Entre las medidas más importantes que incluye este proyecto de ley, se derogaría la Ley "Torricelli", que establecía la base normativa para el alcance extraterritorial del embargo a Cuba. Esta ley de 1992 prohibía que filiales extranjeras de empresas estadounidenses comerciaran con Cuba o con nacionales cubanos y la entrada en territorio estadounidense durante un periodo de 180 días a cualquier barco extranjero que hubiera desembarcado previamente en un puerto cubano.

También se derogaría la Ley Helms-Burton. Si bien la así llamada Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba de 1996 no es la más importante de las normas que establecen el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, la activación de su Título III en 2019 con Trump fue una de sus medidas más sonadas, junto a la serie de restricciones y medidas sistemáticas adoptadas sobre todo durante la última parte de su mandato (recortes en las remesas de dinero desde EEUU, limitaciones de viajes de los estadounidenses, desaparición de vuelos y cruceros norteamericanos a la isla, etc.). La a ley Helms-Burton, reconoce el derecho a demandar en territorio estadounidense a empresas e individuos que estén "traficando" con activos confiscados o nacionalizados tras la revolución cubana y su Título IV autoriza al Departamento de Estado a restringir la entrada en los Estados Unidos o expulsar de su territorio a las personas que tengan relación con dicho tráfico, directivos de esas entidades y sus familiares.

En particular, el proyecto de Ley que ha presentado Wyden dispone que el Presidente de los EEUU deberá tomar todas las medidas necesarias para avanzar en las negociaciones con el gobierno de Cuba con el propósito de resolver las reclamaciones de entidades o individuos estadounidenses por la confiscación/nacionalización de sus antiguas propiedades y asegurar la protección de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Se derogaría asimismo la Sección 211 de la Ley de Asignaciones del Departamento de Comercio y Agencias Relacionadas de 1999, que prohíbe el registro en Estados Unidos de marcas relativas a propiedades nacionalizadas y niega el reconocimiento por parte de los tribunales de EEUU de cualquier derecho sobre dichas marcas a favor de las empresas cubanas.

De igual forma, se eliminaría la referencia expresa a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, la prohibición de importar a los EEUU mercancía de origen cubano o transportada desde o a través de Cuba, acabando con el tratamiento discriminatorio a los productos de origen cubano que existe en la actualidad.

Tampoco podrían limitarse ni prohibirse los viajes, hacia y desde Cuba, realizados por parte de ciudadanos o residentes de los EEUU, ni cualquier transacción ordinariamente incidental a dicho viaje, entre las que se incluyen, específicamente, las de alojamiento y dietas, transacciones bancarias normales que involucran giros en moneda extranjera, cheques de viajero u otros instrumentos negociables.

Se eliminaría asimismo toda la normativa en vigor que limite las remesas o envío de fondos a Cuba que pueda realizar cualquier persona sujeta a la jurisdicción de EEUU y ya no podría el Secretario del Tesoro limitarlas, como hasta ahora.

Sin perjuicio de lo anterior, se espera que a lo largo de este mes de marzo, Biden, en uso de sus facultades presidenciales, levante restricciones a dichas remesas y viajes de estadounidenses hacia Cuba.

Las anteriores son solo alguna de las normas a derogar por el proyecto de ley. La mayoría de los analistas coincide, no obstante, en que el nuevo gobierno Biden adoptará una actuación gradual y condicional respecto a Cuba, y que tampoco es probable que el proyecto de ley avance rápidamente dada la cargada agenda del Senado estadounidense en los próximos meses, pero esta iniciativa, si no sufre grandes ajustes, supondrá un paso muy importante en las relaciones con Cuba, después del golpe que el gobierno de Trump había propinado al acercamiento que Obama había venido cultivando. No olvidemos que Biden fue vicepresidente con Obama.

Entre tanto, este proyecto de ley se presenta en un año que para Cuba comienza cargado de incertidumbres pese a las recientes medidas tendentes a fortalecer su maltrecha economía. A los efectos de la pandemia y de un turismo bajo mínimos, se suman la falta de liquidez en divisa, un desabastecimiento generalizado, el problema del retraso en los pagos y el referido estrangulamiento del gobierno de Trump, quien justo antes de dejar su mandato dejó a Cuba de nuevo incluida en la lista de los países patrocinadores del terrorismo.

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