El expresidente de EE UU Donald Trump provocó entre las empresas extranjeras con activos o con intereses comerciales en Cuba. Trump activó el capítulo III de la ley Helms-Burton, que regulaba el embargo estadounidense en Cuba y que estuvo paralizado por los cinco presidentes (Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y el propio Trump) que fueron nombrados desde su promulgación en 1996.

La activación de ese capítulo facultaba a cualquier estadounidense a demandar en los tribunales federales a cualquier persona o entidad que hubiera "traficado" con activos confiscados por el régimen de Fidel Castro. Esa novedad y la ambigüedad con la que se definió el "tráfico", que en globaba a cualquier persona que hubiera obtenido algún beneficio por la explotación de ese activo, provocó una avalancha de demandas, repartidas entre las 8.000 certificadas por el Departamento de Justicia de EE UU a través de la Foreign Claims Settlement Comission y las 6.000 que no han sido certificadas por el citado organismo.

De esas 14.000, tan solo hay 36 en curso. Ignacio Aparicio, socio y director del Cuban Desk de Andersen, recalca el escaso impacto de la medida desde el punto de vista estadístico. "De las 36 que están en curso, cuatro ya han sido desestimadas y están en apelación. Por ahora no se ha condenado nes". Aparicio sí asegura, no obstante, que la medida ha generado una contención y un mayor temor entre las empresas a invertir en Cuba. "Se lo piensan mucho más y tienen que analizar con profundidad las posibles consecuencias que puede traer".

Prohibición a Escarrer Las hoteleras españolas, con una fuerte presencia en Cuba, ya que cuentan con más de la mitad de las camas en la isla, fueron señaladas desde el principio con demandas multimillonarias. Veinticuatro meses después respiran aliviadas, condenada por gestionar (la gran mayoría optó por ese régimen frente a la propiedad) activos nacionalizados por el castrismo. Pese a ello siguen en curso las demandas interpuestas contra Meliá, Iberostar y NH (la de Barceló no llegó a concretarse) en suelo estadounidense. sentido ha sido Meliá, que también se vio perjudicada por la activación del título IV de la ley Helms-Burton, que habilitaba a la Administración norteamericana a impedir la entrada en el país a directivos de empresas demandadas. El consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, tiene prohibida la entrada en EE UU desde el 25 de noviembre de 2019 al negarse Meliá a compensar a una familia cubana emigrada a EE UU por "beneficiarse" de suelo nacionalizado por el castrismo en Holguín, donde estaban situados dos hoteles gestionados por Meliá y que son propiedad de la estatal Gaviota.

Otro riesgo, al margen del reputacional descrito anteriormente, que afronel hecho de que los demandantes en EE UU puedan reclamar daños con cargo a los bienes de los demandase. Meliá tiene dos hoteles en EE UU (Orlando y Nueva York), Iberostar tiene dos (Miami y Nueva York) y NH tiene uno (Nueva York) Aparicio destaca que la presentación de demandas no buscaba, en la gran mayoría de casos, una compensación por los daños ocasionados por la nacionalización, sino forzar un acuerdo con el demandado y por ello las empresas interesadas en invertir han extremado el cuidado a la hora de cerrar negocios en suelo cubano. "Las compañías que quieren entrar en licitaciones de infraestructuras reclaman que no corran ningún riesgo y piden una due diligence que les exima de cualquier responsabilidad".

Artículo disponible en Cinco Días