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Las dos caras de la política fiscal para pagar la «factura» del coronavirus
| Especial COVID-19 / Noticias | Derecho Fiscal
Con más de 100.000 contagiados y superando ya la barrera de los 10.000 muertos, España afronta un futuro económico incierto. La luz al final del túnel es tan tenue que casi ni se aprecia. Todo dependerá -dicen los expertos- de hasta cuándo se alargue el parón de la economía y el estado de alarma, ligados ambos a la emergencia sanitaria. Sin embargo, no por ello es menos cierta la necesidad de pensar en qué ocurrirá cuando todo esto pase; el día que el país pueda volver a salir a la calle a trabajar, a pasear, a llenar los bares, a consumir espectáculos... y aquí el Gobierno tiene en la política fiscal uno de sus principales mecanismos para hacer que la caída sea lo menos dura posible y pagar la «factura» económica. Porque, hasta la fecha, España -y el resto de Estados miembros de la Unión Europea- está relativamente sola a falta del mal llamado «Plan Marshall» comunitario que reclaman ya ciertos líderes políticos.
«El Gobierno ha puesto garantías encima de la mesa, pero no dinero. El dinero lo pone la banca. Todo esto da a entender que no tenemos el pulmón financiero suficiente», dice Miguel Ángel Galán, socio de Fiscal en Andersen Tax & Legal.
Galán menciona que las vías a futuro podrían estar en reformar el Impuesto sobre la Renta, Sociedades y el IVA, aunque eso generará también problemas en caso de subidas impositivas ya que -dice- tenemos muy poco margen o ninguno. El objetivo: no asfixiar a las empresas y autónomos, que han de ser los que recuperen el país.
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