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La Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021. Una clara lanza en favor del arbitraje y algunas cuestiones por aclarar

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Elena Sevila publica en el número de abril de La Ley: Mediación y Arbitraje de Wolters Kluwer un artículo en el que analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de febrero 2021, y su relevancia e impacto en el mundo del arbitraje

Pocas sentencias han tenido y tendrán mayor relevancia e impacto en el mundo del arbitraje en España que la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional dictada por unanimidad el pasado día 15 de febrero de 2021 (la «Sentencia»). Sin duda será una de las más comentadas en mucho tiempo, empezando por la obra en que se integra este comentario.

La Sentencia, que resuelve el recurso de amparo 3956/2018 interpuesto frente al auto de 22 de mayo de 2018 y la sentencia 1/2018 de 8 de enero de 2018 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid («TSJ»), por los que se declaraba nulo el laudo dictado el día 6 de abril de 2017 y su correspondiente aclaración, ha supuesto la confirmación final (que no novedosa) del apoyo de nuestros órganos judiciales al arbitraje, confirmando la relevancia constitucional del mismo y su asiento, por si algún día hubo dudas, en la autonomía de la voluntad de las partes y en el artículo diez de la Constitución española («CE»).

A esta Sentencia que sienta doctrina en materia de definición del orden público y del alcance del control judicial del arbitraje en España, le precedió la Sentencia 46/2020 de 15 de junio («STC 46/2020») donde ya se reconocían los límites del motivo de anulación consistente en la vulneración del orden público (art. 41.1º.f) de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, de Arbitraje, «LA»), y, por ende, de la intervención judicial.

En este comentario comenzaremos por dar unas breves pinceladas sobre los hechos y fundamentos de ambas sentencias y la limitación que las mismas realizan del concepto del orden público y del control judicial de los laudos para a continuación centrarnos en dos aspectos importantes de la STC 15 de febrero de 2021: la confirmación del arbitraje como derecho fundamental y la caracterización de la motivación de los laudos como un requisito de configuración legal. Por último, comentaremos brevemente el impacto de la Sentencia y los interrogantes que, tras la misma podrían quedar abiertos.

I. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE ACOTAN LA DEFINICIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y LIMITAN EL CONTROL JUDICIAL DE LOS LAUDOS

La STC 46/2020 puso la primera piedra para lo que ya podemos denominar como doctrina del Tribunal Constitucional acotando el concepto de orden público en España.

En este caso, el laudo que luego sería objeto de la STC 46/2020 estimaba la demanda de un arrendador que inició un procedimiento arbitral frente a su arrendatario por falta de pago de la renta. El arrendatario presentó una acción de anulación basada en el art. 41.1º.a) LA por la abusividad de la cláusula de arbitraje. Sorprendentemente, el TSJ de Madrid añadió unilateralmente como motivo adicional de anulación del laudo, la violación del orden público, al considerar una potencial falta de imparcialidad de la institución administradora del arbitraje. Sin embargo, las partes alcanzaron una solución negociada y requirieron al TSJ conjuntamente la homologación de su acuerdo. El TSJ no sólo ignoró la solicitud de las partes, sino que incluso celebró una vista a la que ninguna de las mismas acudió para a continuación anular el laudo en cuestión por vulneración del orden público (art. 41.1º.f LA).

Frente a esta nueva interpretación extensiva del orden público como causa de anulación de un laudo arbitral, precedida por muchas otras [citamos, por todas ellas, las SSTSJ de Madrid n.o 27/2018, de 12 de junio, n.o 1/2018, de 8 de enero, n.o 62/2016, de 11 de octubre, n.o 13/2015, de 28 de enero y n.o 30/2015, de 14 de abril, el Tribunal Constitucional, con cita en su sentencia de Pleno 1/2018 de 11 de enero y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 26 de octubre de 2008 (C–168/05, Mostaza Claro) reiteró que el control judicial del arbitraje debía de limitarse a un control externo de la validez del laudo sin que cupiera una revisión de fondo del laudo emitido por los árbitros.

La STC 46/2020 reconoció que, en este caso y debido a que el concepto de orden público puede resultar poco nítido se habrían reexaminado las cuestiones en el procedimiento de arbitraje desnaturalizando la institución del arbitraje y en última instancia negando virtualidad al poder dispositivo de las partes y a su voluntad.

Si bien, la STC 46/2020 fue precursora en poner coto a lo que la misma denominó como el «ensanchamiento» del concepto de orden público, la misma se refería al concreto supuesto del poder de disposición de la acción de anulación.

Fue por tanto la Sentencia del pasado día 15 de febrero de 2021, la que permitió al Tribunal Constitucional dar el espaldarazo definitivo al arbitraje en España, confirmando la limitación judicial en sus funciones de control de los laudos y en la interpretación del orden público.

La Sentencia estimó que la motivación del TSJ por el que había anulado un laudo en equidad en materia societaria era irracional e infringía el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art.24 CE).

El laudo anulado había estimado que procedía la disolución de una sociedad por abuso de uno de sus socios, ordenaba la liquidación de la compañía y la distribución del producto de la liquidación de acuerdo con la repartición de las participaciones entre los socios y con independencia de los derechos de voto que pudieran ostentar cada uno de los mismos. Sin embargo, el TSJ anuló el laudo al entender que había habido una deficiente motivación e incorrecta valoración de la prueba pues, en palabras del propio TSJ el Laudo no «da respuesta a todas las cuestiones planteadas en el arbitraje, no valora las pruebas en su integridad y no contiene una motivación suficiente para llegar a una conclusión tan importante como la disolución de una sociedad». A juicio del TSJ, el laudo habría por tanto infringido el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 24 CE en su vertiente de derecho a una resolución motivada no incursa en arbitrariedad, así como la valoración efectuada por el árbitro.

La STC 17/2021, 15 de febrero es importante al resaltar que el arbitraje es un mecanismo heterónomo de resolución de conflictos que tiene su asiento en el art. 10 CE

Frente a la STSJ de Madrid, la Sentencia del Tribunal Constitucional, con cita en su Sentencia 46/2020, reitera que el control del laudo «tiene un contenido muy limitado y no permite una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro, ni debe ser considerada como una segunda instancia».

El Tribunal Constitucional entendió, por tanto, que el TSJ al entrar en el fondo del asunto habría sobrepasado los límites constitucionales del deber de motivación y de congruencia y que la decisión de anular el laudo por insuficiente motivación fue contraria al canon constitucional de razonabilidad de las resoluciones judiciales.

Frente a la STSJ de Madrid, la Sentencia del Tribunal Constitucional, con cita en su Sentencia 46/2020, reitera que el control del laudo «tiene un contenido muy limitado y no permite una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro, ni debe ser considerada como una segunda instancia». El Tribunal Constitucional entendió, por tanto, que el TSJ al entrar en el fondo del asunto habría sobrepasado los límites constitucionales del deber de motivación y de congruencia y que la decisión de anular el laudo por insuficiente motivación fue contraria al canon constitucional de razonabilidad de las resoluciones judiciales.

II. EL ASIENTO CONSTITUCIONAL DEL ARBITRAJE Y LA CONFIGURACIÓN LEGAL DEL DEBER DE MOTIVACIÓN EN DERECHO ESPAÑOL EN LA SENTENCIA DE 15 DE FEBRERO DE 2021

La importancia de la STC 15 de febrero de 2021 (además de lo ya expuesto respecto de los pronunciamientos relativos al control de las resoluciones judiciales) radica, en primer lugar, en que la misma viene a confirmar (como ya lo hizo la STC 46/2020 en su fundamento jurídico de derecho cuarto) que el arbitraje es un mecanismo heterónomo de resolución de conflictos que tiene su asiento en el art. 10 CE, lo que había venido reiterando desde mucho tiempo atrás, la comunidad arbitral.

La Sentencia, llega incluso a reconocer que su referencia en anteriores pronunciamientos al arbitraje como «equivalente jurisdiccional» podía haber inducido a confusión en algunas sentencias y aclara que dicha equivalencia hace únicamente referencia al efecto de cosa juzgada que se produce tanto en el proceso jurisdiccional como en el arbitral. 

La doctrina constitucional confirma por tanto así al arbitraje como derecho fundamental distinto de la tutela judicial efectiva recogida en el art. 24 CE y pone en el centro del mecanismo, la autonomía de la voluntad de las partes.

En segundo lugar, la importancia de la Sentencia proviene de la distinción que realiza respecto de la motivación de las sentencias y los laudos arbitrales, y es que para el Tribunal Constitucional la motivación en las sentencias es un requisito inherente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1º CE) mientras que en los laudos se trata de un requisito de «exclusiva configuración legal» derivada del art. 37 .4º LA.

Es más, el Tribunal Constitucional reconoce que dicho requisito sería prescindible a instancias del legislador.

III. LA MOTIVACIÓN DEL LAUDO COMO CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y EL CANON DE CONTROL DE LA MOTIVACIÓN

La Sentencia despeja cualquier duda respecto de la fiabilidad de España como sede de arbitrajes pues establece claramente los límites al control jurisdiccional de los laudos y del deber de motivación.

No se puede no obstante descartar que esta doctrina no vaya a plantear dudas o requerir de precisiones adicionales.

En este sentido, el Tribunal Constitucional equipara el canon de control de la motivación de los laudos y de las sentencias, estableciendo que para evaluar dicho control deberá «valerse de parecidos criterios» (en palabras del propio Tribunal Constitucional). Así, para el Tribunal Constitucional sólo aquel laudo que sea «irrazonable, arbitrario o haya incurrido en error patente» infringirá el deber de motivación.

Surgen dudas acerca de la conveniencia de utilizar el mismo canon de control para sentencias y laudos como pretende el Tribunal Constitucional en su sentencia. Y es que uno no puede evitar preguntarse, automáticamente, si emplear el mismo canon para la motivación de las sentencias y de los laudos no podría muy fácilmente inducir a error entre ambos (como ocurriera con la expresión «equivalente jurisdiccional»).

Pero es que además el canon de control de motivación de las sentencias aplicado a la motivación parece contradictorio con la autonomía de la voluntad de las partes y con el derecho comparado.

En efecto, sorprende que el control del deber de motivación no se gradúe respecto del origen de dicha obligación (derecho fundamental en el caso de las sentencias u obligación legal en el caso de los laudos) y los efectos de su incumplimiento.

Quizás lo anterior derive precisamente del hecho de que el Tribunal Constitucional no descarte en su Sentencia, que la motivación del laudo sea una cuestión de orden público ni que, no atendido el canon de motivación de las Sentencias por un laudo, se pueda producir una vulneración del orden público. Mucho más explícita es la Fiscalía, quién, aunque no preconiza la aplicación del canon de control de la motivación de las sentencias al laudo arbitral sí que confirma que para la Fiscalía «la motivación del laudo entra en este concepto indeterminado que es el orden público» y el control de la motivación debe limitarse a evitar que «la motivación sea hasta tal punto incoherente y absurda que prácticamente sea huera o inexistente».

Todo lo anterior parece contradictorio con que el deber de motivación de los laudos sea un requisito de configuración legal —del que ni siquiera se haya establecido su carácter imperativo— (sino todo lo contrario) y que parece más bien destinado a integrar la definición de la misión del árbitro (como entienden nuestros vecinos franceses, en especial, respecto de los laudos internacionales).

Confiemos pues en el acierto del Tribunal Constitucional y esperemos que los interrogantes aludidos no sirvan de excusa para convertir al Tribunal Constitucional en el Juez de control de los Tribunales Superiores de Justicia en materia arbitral. LA LEY Mediación y Arbitraje nº 6. Especial Monográfico «Nuevos derroteros del arbitraje en España a la luz de la doctrina reciente del Tribunal 

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