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La Justicia abre una vía para evitar que el atasco sindical bloquee los planes de igualdad

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Raquel de la Viña, Directora en el área de Derecho Laboral de Andersen, analiza en El Economista la situación de las empresas ante la dilatación de la puesta en marcha de los planes de igualdad

Desde marzo de 2022, las empresas de 50 o más trabajadores tienen la obligación de elaborar y poner en marcha un plan de igualdad. Sin embargo, a punto de cumplirse el primer aniversario de esta obligación, la negociación de muchos de estos acuerdos se encuentra bloqueada. La razón no es la negativa de los empleadores, sino que las centrales sindicales se han visto desbordadas y no pueden personarse en los procesos lo que expone a las empresas a sanciones por no cumplir la Ley.

Pero una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha abierto una vía para sortear una cuestión que se origina por la escasa representación sindical en las pequeñas empresas españolas.

"Es una situación de absoluta indefensión en las empresas, sin posibilidad real de cumplimiento", advierte a elEconomista.es Raquel de la Viña, directora de Laboral de Andersen in Spain. La experta señala que este retraso puede hacer que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social considere que hay un "incumplimiento material" de la obligación de negociar un plan de igualdad.

Esto se traduciría en multas de hasta 225.000 euro, pérdida de licitaciones y contratos públicos, así como la de subvenciones y beneficios derivados de programas de empleo durante seis meses. Además, se están aprobando nuevas sanciones.

Puede leer la noticia completa en El Economista.

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