Hacienda ha puesto el acento en que los ricos paguen impuestos por su patrimonio, y esto no solo implica un nuevo tributo, sino evitar las deslocalizaciones fraudulentas. Durante los últimos años, la Comunidad de Madrid ha atraído a grandes patrimonios de otras regiones, y estos se enfrentan ahora a inspecciones cada vez más numerosas y agresivas de la Agencia Tributaria, según fuentes jurídicas.

"Estamos teniendo supuestos de inspección conjunta de IRPF y patrimonio en la Comunidad de Madrid sobre sujetos provenientes de comunidades como Cataluña y Valencia, donde permanece el impuesto de patrimonio y desde donde ha habido traslados", señala Vicente Sanz, socio de Andersen. En cualquier caso, prosigue, "hay que pensar también que el traslado real es perfectamente lícito y que, para patrimonios elevados, el ahorro de una comunidad a otra da como para comprarse un piso grande en el barrio de Salamanca ". Desde la Agencia Tributaria, aseguran que se hacen las actuaciones habituales , y que "no es tan habitual ni el traslado, ni mucho menos el traslado ficticio", y que " cuando se detectan los casos, se regularizan ". Y aunque en las directrices del Plan de Control Tributario de 2022 no se mencionaron estas inspecciones, sí ocurrió en las de 2021, señalando como añadido a la comprobación de deslocalizaciones a otros países que se podrán detectar las "nacionales que mediante desplazamientos ficticios pueden estar declarando sus rentas conforme a un centro de residencia ficticio mediante el que puedan intentar eludir determinados tributos en el ámbito de la imposición indirecta".

En teoría, son las agencias tributarias las encargadas de inspeccionar fraudes, y de hecho es algo que tratan de hacer con agresividad. Pero tienen el límite de que si un millonario catalán pasa a ser residente de Madrid, la potestad de comprobación pasa a la Agencia Tributaria madrileña, que no tendrá ningún incentivo en que vuelva a Cataluña. "Aquí está el quid de la cuestión. Si Cataluña pretende comprobar si un ex residente suyo reside realmente en Madrid, es muy difícil que la Comunidad de Madrid lo inspeccione , ya que genera recaudación por IRPF [el 50% de la cuota está cedido]. Por tanto, Cataluña siempre va a pedir el auxilio de la AEAT y casi nunca de las comunidades", explica Vicente Sanz. El socio de Andersen indica que es una de las posibilidades que admite la Ley 22/2009 . "Y, como en todo, la AEAT es Administración estatal cuyos superiores han sido nombrados por un determinado partido político, de forma que, según se lleven las administraciones estatales y autonómicas, el celo inspector y de colaboración será mayor o menor", apostilla el experto.

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