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Guerra de aranceles

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Belén Palao analiza en Expansión la guerra comercial entre EEUU y UE sobre aranceles aduaneros en una amplia gama de productos y bienes industriales

De un tiempo a esta parte, asistimos a una guerra comercial abierta entre Estados Unidos y la Unión Europea que choca frontalmente con la apertura de las negociaciones con el fin de eliminar aranceles en una amplia gama de bienes industriales.

La semana pasada se publicaba la decisión del árbitro designado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el marco de las actuaciones llevadas a cabo como consecuencia de la denuncia presentada por EEUU en relación al caso Airbus. Esta disputa se inició en el año 2004 y afectaba a los gobiernos de Alemania, Francia, España y Reino Unido, así como a las Comunidades Europeas, ya que EEUU consideraba que determinadas ayudas concedidas a la industria aeronáutica y, en concreto, a Airbus, podrían ser incompatibles en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). En su reciente decisión, el árbitro de la OMC autoriza la imposición de medidas correctivas por un importe equivalente a 7.500 millones de dólares por año, estando dicha decisión pendiente de ratificación por el Órgano de Solución de Diferencias, en la reunión que tendrá lugar en Ginebra el próximo lunes 14 de octubre.

Por su parte, en su momento, la UE denunció a EEUU por las ayudas concedidas a Boeing, principal competidor de Airbus, estando a día de hoy pendiente de emisión el dictamen del árbitro designado por la OMC. En este caso, el importe de las medidas correctivas a imponer solicitado por la UE ascendería a 10.600 millones de euros.

Si bien EEUU publicó un primer listado de mercancías afectadas hace ya más de seis meses, el pasado 2 de octubre se publicó un listado final que, en el caso de España, en tanto que parte integrante del consorcio Airbus, afectaría fundamentalmente al sector agroalimentario (quesos, aceite de oliva, aceitunas, licores, vinos tranquilos, carne de cerdo –excluido el jamón–, cerezas, melocotones, peras, preparados de frutas y zumos de cereza, ciruela, pera o zumos vegetales, clementinas, mandarinas, limones, naranjas, mejillones, almejas, berberechos y otros moluscos).

Sorprendentemente, la imposición de estos aranceles crea claras distensiones en el seno de los Estados miembros de la UE. En el caso del aceite, queda excluido el de oliva virgen y el de oliva de origen italiano, griego o portugués. Por su parte, en el caso del vino, los aranceles afectan a Francia y España, quedando fuera el vino de origen italiano.

Necesaria posición común

En otros casos parecidos sustanciados ante la OMC, si bien se autorizó la imposición de aranceles, hasta la fecha ninguno de los países afectados ha optado por imponer automáticamente las medidas correctoras, tratando de alcanzar una solución consensuada de forma que, tradicionalmente, la amenaza de imposición de medidas correctivas era utilizada como arma arrojadiza para forzar una salida negociada entre las partes. Ahora bien, la posibilidad de llegar a una salida negociada exige una posición clara por parte de la UE y la creación de un frente común por parte de todos los Estados Miembros, que podría verse desdibujado por la actual situación política que atraviesa la UE y la existencia de un trato de favor por parte de la Administración Trump a países que podrían verse claramente beneficiados si, finalmente, se aprueban las medidas propuestas.

La ausencia de una solución consensuada dibuja un escenario para el campo español muy negativo. La situación de inacción política que atraviesa nuestro país y la carencia de competencias en el diseño de la política comercial, estando tales competencias en manos de la Comisión Europea, dificultan la adopción de cualquier tipo de medida compensatoria por parte de España en defensa de sus intereses. A medio plazo, una potencial medida sería la aprobación del denominado digital tax. No obstante, este nuevo impuesto, si bien podría afectar a determinadas empresas norteamericanas, no parece ser el instrumento adecuado, toda vez que su escasa recaudación no permitiría revertir los efectos negativos derivados de la imposición de los aranceles propuestos para el sector agroalimentario. Por todo ello, sólo podemos esperar que a partir del 14 de octubre ambas partes intenten retomar las negociaciones que tanto bien harían al sector agroalimentario español.

Puede leer la noticia en Expansión.

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