Publicaciones

Comienza el contenido principal

El Tribunal Supremo señala que la Administración Tributaria no puede retener devoluciones procedentes de manera injustificada

| Publicaciones | Derecho Fiscal

En una reciente sentencia publicada el pasado 4 de marzo de 2022, el Tribunal Supremo analiza las consecuencias jurídicas de la inactividad administrativa –esto es, el silencio administrativo- en supuestos de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo

En una reciente sentencia publicada el pasado 4 de marzo de 2022, el Tribunal Supremo (“TS”) analiza las consecuencias jurídicas de la inactividad administrativa –esto es, el silencio administrativo- en supuestos de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley General Tributaria (“LGT”).

En el caso de autos, el obligado tributario, residente fiscal en Francia, soportó el gravamen especial sobre premios de Loterías y Apuestas del Estado tras la obtención de un premio de lotería en España, si bien se trataba de una renta exenta en España por aplicación del Convenio suscrito entre España y Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal.

En primer lugar, el TS esclarece cuál es la vía procedimental adecuada a los efectos de obtener dicha devolución, concluyendo sobre cuáles son las consecuencias de la ausencia de pronunciamiento administrativo en el procedimiento en cuestión.

En cuanto a la naturaleza jurídica del procedimiento, lo controvertido radica en discernir entre si nos encontramos en sede de una devolución de ingresos indebidos -procedimiento que reconoce el derecho de los contribuyentes a obtener la devolución de ingresos tributarios realizados improcedentemente- y a ser compensados con intereses de demora, o si por el contrario, estaríamos ante un supuesto de devolución derivado de la normativa del tributo -procedimiento reservado para supuestos en que el derecho a la devolución se pone de manifiesto de forma sobrevenida- en un momento posterior al pago o retención, de acuerdo con lo previsto en la normativa específica de cada tributo.

En palabras del propio TS, la nota distintiva entre ambos es el carácter originalmente debido en el caso de un supuesto de devolución derivado de la normativa del tributo, en el de las denominadas devoluciones de oficio, pues sólo cuando se conoce el quantum de la obligación tributaria final puede determinarse que procede la devolución, debido al exceso así verificado.

Continua el TS señalando que, efectivamente, nos encontramos en sede de un supuesto de devolución derivado de la normativa del tributo, con lo que pasa a analizar la ausencia de respuesta administrativa en este tipo de procedimiento, señalando que no cabe duda que el transcurso del plazo de 6 meses sin ordenar el pago de la devolución genera intereses de demora, y aunque el artículo 31 de la LGT no establezca ninguna otra consecuencia, no quita que puedan originarse, pues llega a la conclusión de que el silencio administrativo ante una petición de devolución derivado de la normativa del tributo, comporta el reconocimiento de un crédito a favor de quien insta la solicitud.

En consecuencia, se le abre la puerta al obligado tributario a acudir a la vía prevista en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa (“LRJCA”), a fin de exigir la ejecución de la devolución no realizada por pasividad de la Administración.

En conclusión, si un obligado tributario identifica que la Administración tributaria está obligada a realizar una prestación concreta a su favor –como puede ser la devolución de cantidades monetarias– puede acudir al mecanismo contemplado en el artículo 29 LRJCA y hacer valer ese derecho pasados 3 meses –tras reclamar su ejecución– sin que se haya dado cumplimiento al mismo, por lo que esta Sentencia sienta un precedente de gran utilidad práctica, toda vez que a partir de ahora no será preciso acudir a la vía económico administrativa con carácter previo a la vía judicial.

Sin duda, se trata de una nueva corrección a la mejorable actuación de la Administración tributaria -rauda y veloz en el cobro, pero que parece deliberadamente lenta en el pago- cuando aquélla no cumple con el principio de buena administración y no responde a sus obligaciones constitucionales, desentendiéndose de, o desatendiendo en tiempo y forma cuando menos, las fundadas solicitudes de devolución de los contribuyentes, pues tiene el deber de resolver sobre el fondo del asunto y de hacerlo en plazo, como en plazo ingresa el contribuyente sus deudas tributarias.

Puede descargar el PDF completo desde aquí.

Para más información puede contactar con:

José María Cusí | Socio Derecho Fiscal

Luis Capitán | Asociado Sénior Derecho Fiscal

Fin del contenido principal