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El Tribunal Supremo reconoce la posibilidad de iniciar a instancia de parte el procedimiento de revocación de liquidaciones tributarias

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A propósito de la sentencia publicada el pasado 9 de febrero de 2022 del Tribunal Supremo que reconoce la posibilidad de iniciar a instancia de parte el procedimiento de revocación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -la comúnmente conocida como “plusvalía municipal”-

En una reciente sentencia publicada el pasado 9 de febrero de 2022, el Tribunal Supremo (“TS”) reconoce la posibilidad de iniciar a instancia de parte el procedimiento de revocación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (“IIVTNU”) -la comúnmente conocida como “plusvalía municipal”-, sin que pueda escudarse la Administración -para no iniciar y resolver sobre la revocación del acto firme- en el hecho de corresponderle la competencia exclusiva para iniciar de oficio el procedimiento de revocación. 

En sentencia dictada el 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional (“TC”) concluyó que en supuestos en los que se había producido una pérdida en el valor del suelo entre la fecha de compra y la venta del inmueble, se debían declarar inconstitucionales y nulos determinados preceptos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

En el caso de autos, durante el ejercicio 2013 un contribuyente vendió unas parcelas con pérdidas y al amparo de la sentencia del TC solicitó al Ayuntamiento la revocación y devolución de ingresos indebidos en relación con unas liquidaciones firmes del IIVTNU. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por considerar que era competencia exclusiva de la Administración la iniciación del procedimiento; sin embargo, el juzgado contencioso-administrativo de Valencia estimó el recurso interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento, al considerar que la misma no era conforme a Derecho, por entender que procedía la revocación de las liquidaciones impugnadas. No conforme con dicha sentencia, el Ayuntamiento presentó recurso de casación ante el TS, que, mediante Auto de 11 de abril de 2019, consideró que presentaba interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. 

En el citado Auto se plantea el TS si el órgano judicial puede sustituir a la Administración competente acordando la procedencia de una solicitud de revocación presentada por un particular contra un acto de aplicación de un tributo, y si para reconocer ese derecho puede ampararse el órgano sentenciador en nulidad de un precepto constitucional, haciendo así derivar efectos ex tunc de una sentencia del TC publicada después de haber adquirido firmeza las liquidaciones tributarias litigiosas. 

En primer lugar, el TS señala que revocación y devolución de ingresos indebidos son procedimientos no solo distintos, sino incompatibles entre sí, de manera que solo es factible uno u otro, salvo que se dé el supuesto previsto en el artículo 221.3 de la Ley General Tributaria (“LGT”), esto es, que el acto de aplicación de los tributos en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza. Así, en el procedimiento de devolución de ingresos indebidos, en el que se incardina el artículo 221.3 de la LGT, la revocación tiene carácter instrumental. En el presente caso, el recurrente ejercitó la acción de devolución de ingresos indebidos, procedimiento en el que la revocación posee carácter instrumental. 

Continúa el TS apuntando que el interesado posee la acción para solicitar el inicio del procedimiento de revocación, sin que pueda escudarse la Administración -para no iniciar y resolver sobre la revocación del acto firme- en el hecho de corresponderle la competencia exclusiva para iniciar el procedimiento de revocación.

Por tanto, la Administración está obligada a resolver, sin que tenga la potestad de convertir el procedimiento de devolución de ingresos indebidos a instancia del interesado en un procedimiento que solo cabe iniciar de oficio. 

Respecto a si para acoger la pretensión de devolución de ingresos indebidos cabe acogerse a la nulidad del procedimiento constitucional -haciendo así derivar efectos ex tunc- de una sentencia del TC publicada después de haber adquirido firmeza las liquidaciones tributarias litigiosas, el Alto Tribunal señala que a través de la revocación no se puede canalizar cualquier infracción del ordenamiento jurídico que pueda imputarse a un acto tributario firme, sino solo aquellas que constituyan un supuesto tasado de revocación conforme al artículo 219.1 de la LGT. Esto es, cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando las circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión de los interesados. Las causas contenidas en el artículo 219.1 de la LGT son tasadas, sin que entre las mismas se contemple la invalidez de la norma de cobertura por ser inconstitucional, ni tampoco su contradicción con el Derecho europeo, incluido los supuestos de actos firme. 

Puede descargar el documento completo desde aquí.

Para más información puede contactar con:

José María Cusí | Socio Derecho Fiscal
jose.cusi@es.Andersen.com

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