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El Tribunal Supremo amplia los derechos de los contribuyentes afectados por la derivación de responsabilidad tributaria llevada a cabo por la administración

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A propósito de la sentencia de 25 de enero de 2022 por la que el Tribunal Supremo (“TS”) extiende los derechos de los contribuyentes afectados por las derivaciones de responsabilidad llevadas a cabo por la Administración Tributaria

El mecanismo de derivación de responsabilidad se ha convertido en los últimos años en uno de los más voraces instrumentos que tiene en su poder la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (“AEAT”) para recaudar. Prueba de ello es el hecho que el Plan Anual de Control Tributario de 2022 recoge la derivación de responsabilidad como una de las herramientas que se ha mostrado más eficaz como instrumento de prevención y control del fraude, en fase recaudatoria. 

No obstante lo anterior, en una reciente sentencia de 25 de enero de 2022, el Tribunal Supremo (“TS”) ha extendido los derechos de los contribuyentes afectados por las derivaciones de responsabilidad llevadas a cabo por la Administración Tributaria y establece que en la responsabilidad tributaria “en cadena”, cuando afecta a varios responsables, el responsable solidario puede impugnar el acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiaria previa por existencia de vicios que determinen la nulidad de pleno derecho, como es la inexistencia de la declaración de fallido del deudor principal. 

En el caso de autos, los hechos se iniciaron en el ejercicio 2021, cuando, en el marco de un procedimiento de inspección, la Administración Tributaria incoó una sanción a una empresa por el pago tardío de unas retenciones del trabajo personal. La sanción no se abonó por parte de la empresa y en 2007 se inició un proceso de derivación de responsabilidad al administrador de ésta, quien tampoco satisfizo el importe de la deuda, y en 2013 se inició el procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria a uno de los hijos del administrador de la sociedad. 

El recurrente presentó alegaciones en las que señaló, entre otras cuestiones, que en ninguno de los actos previos a la derivación de responsabilidad que se estaba intentando realizar sobre él constaba la declaración de fallido de la compañía sancionada. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (“TSJ de Canarias”) acogió los argumentos del recurrente y señaló que no hubo la preceptiva declaración de fallido del deudor principal, lo que conducía ineluctablemente a la estimación del recurso, implicando ello la nulidad no sólo del acuerdo de derivación de responsabilidad sino también de los actos de los que aquél traía causa. 

El Abogado del Estado recurrió al TS la sentencia del TSJ de Canarias, pues entendía que el responsable solidario no podía impugnar una previa declaración de responsabilidad subsidiaria, que es presupuesto para la declaración de responsabilidad solidaria. 

Frente a lo anterior, el TS señala que la declaración de fallido es un presupuesto insoslayable para la declaración de responsabilidad subsidiaria, debiendo la Administración poner a disposición del responsable subsidiario los documentos en los que se reflejen los datos y circunstancias que condujeron a la Administración a tal declaración y que, asimismo, deben constar en el expediente relativo a la derivación de responsabilidad frente al responsable solidario. 

Por tanto, en el procedimiento que se dirigió frente a este último, debían estar los documentos que acreditasen el presupuesto habilitante que permitieron iniciar dicha derivación de responsabilidad. 

En consecuencia, la Sala señala que la inexistencia de declaración de fallido es decisiva, de tal manera que el sujeto de la primera derivación de responsabilidad no estaría obligado al pago, dado que se habría producido una irregularidad esencial a la hora de declararle responsable subsidiario. Por lo que, si él no estaba obligado al pago, tampoco podría estarlo, en este caso, como responsable solidario el segundo responsable, aunque hubiera quedado firme para éste la declaración de responsabilidad subsidiaria. 

Por todo lo anterior, la Sala concluye que, en supuestos de responsabilidad tributaria “en cadena”, la derivación de la responsabilidad subsidiaria constituye un presupuesto de hecho habilitante de la subsiguiente derivación de responsabilidad solidaria, a los efectos de que el declarado responsable por alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 42 de la Ley General Tributaria puede impugnar el acto de derivación de su responsabilidad con fundamento en la improcedencia de la previa derivación de responsabilidad subsidiaria respecto de un tercero, por un hecho tan simple y contundente como es la inexistencia de declaración de fallido del deudor principal. 

Puede descargar el documento completo desde aquí.

Para más información puede contactar con:

José María Cusí | Socio Derecho Fiscal
jose.cusi@es.Andersen.com

 

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